La Fiscalía afirma en su recurso que el auto de la jueza Mercedes Alaya genera indefensión a los denominados "imputados provisionales", porque no contiene el relato de los hechos que son objetivo de investigación con respecto de cada aforado y, por tanto, no pueden ejercer sus derechos de defensa al desconocer de qué se les acusa exactamente.
"No existe en esta causa una denuncia o querella, o un atestado policial que contenga siquiera un concreto relato de hechos e indicios de responsabilidad penal de uno o más de los aforados indicados en el auto", dijo el texto del recurso de la Fiscalía.
Mercedes Alaya ordenó el martes comunicar la existencia del procedimiento judicial en calidad de imputados a Chaves, Griñán y otros cinco aforados por el fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo, uno de los mayores casos de corrupción desvelados en España en los últimos años.
La juez no puede imputar directamente a los aforados, sino que debe elevar una exposición razonada al Tribunal Superior competente tras agotar la investigación, de forma que perdería la instrucción del caso, pero les comunica el proceso para salvaguardar sus derechos, lo que precisamente dice la Fiscalía que no ha hecho.
Además de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, aparecen implicados en el último auto de Alaya cinco exconsejeros: Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Manuel Recio y Antonio Ávila.
MÁS DE UN CENTENAR DE IMPUTADOS
Alaya ha imputado ya a más de un centenar de personas, entre ellos una veintena de dirigentes y exdirigentes públicos de la Junta de Andalucía, así como la exministra socialista Magdalena Álvarez, por un fraude con subvenciones públicas que se habría producido desde el año 2000.
El fraude investigado se refiere a las subvenciones a las prejubilaciones en cerca de 70 empresas y se estima que la cantidad desviada de unos fondos creados para agilizar los ERE asciende a 136 millones de euros.
Hasta ahora, el presunto cabecilla de la trama es el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que dispuso sin control y a discreción de cientos de millones de euros, en un escándalo que ha salpicado a la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas desde hace más de 30 años.
Griñán dimitió de su cargo de presidente andaluz a finales de agosto y admitió que el escándalo de los ERE, del que se desvinculó, ha perjudicado al gobierno regional y había influido en su decisión de abandonar el cargo solo año y medio después del inicio de la legislatura.
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