MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
La postura del Ministerio del Interior en relación con la política penitenciaria encuadrada en la lucha antiterrorista siempre ha advertido que la situación de los presos de ETA no cambiará hasta que la banda se disuelva o ellos rompan públicamente con la organización terrorista.
"La finalización de la política de dispersión dejará de ser efectiva cuando ETA anuncie su disolución definitiva", aseguró en ese desayuno el ministro antes de añadir que, mientras eso no suceda, a los presos etarras "sólo les queda romper públicamente" con la banda.
Fernández Díaz ha sostenido siempre que el Gobierno del PP no ha variado nunca su postura y que "la política penitenciaria no se ha adaptado a la nueva situación" tras el cese definitivo de la violencia decretado por los terroristas hace dos años.
En abril de 2012, el Ministerio del Interior anunció un Plan de Reinserción para todo tipo de presos terroristas que preveía el agrupamiento de los internos de ETA que decidiesen acogerse a esta iniciativa, "preferentemente en cárceles del País Vasco". Sin embargo, esta medida lanzada por el Departamento de Fernández Díaz no ha conseguido el objetivo de dividir a los presos de la banda.
Este Plan de Reinserción se puso en marcha después de que el Ministerio del Interior diera por superada la denominada 'vía Nanclares', puesta en marcha durante el mandato del anterior Gobierno del PSOE y que permitió que se realizaran talleres de mediación en las propias cárceles que contaron con la participación voluntaria de exetarras y víctimas.
COMUNICADO DE EPPK
Este sábado, el Ministerio del Interior no se ha pronunciado tras el comunicado hecho público por el colectivo de presos de ETA en el que reconocía el "sufrimiento y daño multilateral generados" y se mostraban dispuestos a estudiar la posibilidad de que el proceso que culmine "con la vuelta a casa" se efectúe "de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial".
Además, los presos de ETA decían que asumían toda su responsabilidad sobre la consecuencias de su "actividad política" y que podrían aceptar que su excarcelación fuera "utilizando cauces legales".
Ya en el pasado, los presos de la banda han llevado a cabo iniciativas individuales pero siempre dentro de una estrategia global, respaldada por el colectivo EPPK. Por ejemplo, se han llevado a cabo envíos de escritos masivos a los directos de las cárceles y al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, una acción coordinada que fue ignorada tanto por Interior como por el propio titular del juzgado.
En aquella ocasión la estrategia consistió en que cerca de 500 presos firmaron escritos en los que pedían formalmente beneficios penitenciarios, en algunos casos para sí mismos aunque en la mayoría para otros internos del EPPK. Todos estos escritos fueron rechazados de plano.
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