MADRID (Reuters) - El Ministerio de Industria trabaja a marchas forzadas en un decreto urgente que revisará los mecanismos que fijan la factura eléctrica de los españoles después de que el regulador considerara inválida una polémica subasta que apuntó a una insólita subida en enero y que ha generado un enorme revuelo social.
Preguntada por Reuters sobre esta información, una portavoz de Industria no hizo comentarios, pero distintos miembros del Gobierno señalaron que el Ejecutivo trabajaba, en comunión con el regulador, en un nuevo procedimiento con el que fijar la parte liberalizada del recibo, aproximadamente el 40 por ciento del mismo.
"Ha llegado el momento de introducir, al menos, algunas modificaciones, sin descartar que haya cambios más amplios. Hay que evitar que esto vuelva a suceder", dijo el ministro de Industria, José Manuel Soria a RNE en alusión al alza del 11 por ciento que marcó la última subasta e incendió círculos políticos y sociales.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en rueda de prensa tras un consejo europeo en Bruselas, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras el consejo de ministros del viernes oficializaron que Industria ya ha declarado nulo el resultado de la polémica subasta, en la que participan el sector eléctrico y operadores financieros.
"Las órdenes ministeriales de 2009 y 2010 no resuelven cómo fijar el precio en todos los supuestos en caso de subasta no válida", dijo Sáenz de Santamaría. "Por tanto, el Gobierno trabaja para establecer un procedimiento para determinar el precio de la energía con criterios objetivos de mercado de aplicación a partir del 1 de enero".
Según la normativa vigente, en caso de que una subasta mayorista no sea aceptada, el precio podrá ser sustituido por la media de los precios de las subastas inmediatamente anterior y posterior (son trimestrales).
En la subasta anterior a finales de septiembre, el precio de la energía en el mercado mayorista subió un 7,6 por ciento, lo que supuso una subida en la factura final del 3 por ciento.
ALTA TENSIÓN
La tormenta eléctrica desatada por el resultado de la polémica subasta del jueves llevó al ministro Soria a denunciar públicamente supuestas manipulaciones en un mercado mayorista en el que los precios se han disparado desde que el Gobierno decidiera retirar las aportaciones presupuestarias que iban a acabar con el déficit de la tarifa eléctrica este año.
El regulador ya estaba investigando los anómalos movimientos del mercado diario desde el 10 de diciembre a instancias de Industria y este viernes recordó que desde hace cuatro años la extinta CNE ha realizado sucesivas propuestas de mejora del esquema de subasta, caracterizado según algunos expertos por su opacidad.
El cambio de marcha del Gobierno eleva todavía más la tensión con las eléctricas, muy beligerantes desde que supieron que el Ministerio de Hacienda supeditaba el déficit tarifario al déficit público y que no aportaría los 3.600 millones de euros que iban a certificar el éxito de la reforma pilotada por Soria y su lugarteniente energético, Alberto Nadal.
Las acciones de Endesa, Iberdrola y Gas Natural frenaban el viernes al Ibex-35 con caídas de entre el 0,8 y el 1,8 por ciento.
CLAMOR POR EL NUEVO MODELO DE FACTURA
El recibo de la luz en España ha sido una herramienta que los políticos de distintos gobiernos han manejado a su antojo con vistas a rentabilizar o minimizar su impacto en las urnas.
Erráticas políticas energéticas no han conseguido taponar el desequilibrio entre los costes e ingresos del sistema eléctrico, un déficit que tiene su más claro reflejo en las subidas de la factura que se producen reiteradamente cada tres meses y que neutralizan cualquier racionalización del consumo.
Diversas fuentes calculan en casi un 80 por ciento el aumento del recibo eléctrico de los ciudadanos en la última década.
Esta imparable subida de la electricidad, entre las más caras de Europa y en un momento en el que la economía española quiere asomar la cabeza de una profunda recesión, parece haber agotado la paciencia de una sociedad ya muy afectada por las políticas de austeridad.
En este sentido se ha manifestado una cascada de editoriales de diarios, sindicatos, agrupaciones de consumidores y partes involucradas en el sector energético.
La asociación de consumidores Adicae dijo el viernes que espera que la anulación de la última subasta Cesur, sea un primer paso para poner en marcha una auditoría de los costes del sistema y para retirar la reforma eléctrica que aprobó el Congreso la víspera.
Los dos sindicatos mayoritarios del país, UGT y Comisiones Obreras pidieron más control público sobre la energía y abordar a través del diálogo social una reforma más solidaria.
"CCOO exige al Gobierno que reconsidere las iniciativas legales emprendidas y abra un proceso de diálogo político y social que alcance un acuerdo de Estado en materia energética".
La patronal también se ha mostrado escéptica sobres los efectos de una reforma energética que, por el momento, no ha beneficiado ni a consumidores ni a productores.
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