MADRID (Reuters) - El Gobierno aprobó el viernes un cambio significativo en la factura eléctrica de cerca de 17 millones de españoles, cuya parte variable dependerá ahora de la evolución diaria de los precios del mercado mayorista.
"Supone un ahorro claro para todos los consumidores, (...) como ya no hay subasta no hay que incurrir en el coste de la subasta", dijo el ministro de Industria, José Manuel Soria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras cifrar ese sobrecoste en 1.671 millones de euros en el último lustro.
Este nuevo mecanismo sustituirá las subastas trimestrales Cesur después de la polémica causada por la celebrada en diciembre y que levantó en el Ministerio de Industria sospechas de manipulación por parte de sus participantes: eléctricas e intermediarios financieros.
Tras anular la citada subasta, el departamento dirigido por Soria fijó un precio provisional para el primer trimestre de 2014 de 48 euros por megawatio hora y una de las consecuencias de la puesta en marcha del nuevo recibo de luz es que las compañías tendrán que refacturar este periodo y devolver dinero a sus clientes porque los precios del mercado mayorista han sido inferiores (26 eur/MWh) al precio de referencia.
"Se va a dar lugar a una devolución en la factura del consumidor que globalmente supondrá unos 300 millones de euros", dijo Soria.
Para aquellos consumidores que prefieran una factura más previsible y menos dependientes de factores como la climatología o el precio de las materias primas, el decreto obligará a las compañías a ofrecer un contrato "estándar" con un precio fijado para un periodo de un año.
Expertos y asociaciones de consumidores han calificado la nueva facturación de opaca (porque el usuario no conoce de antemano el precio) y de difícil aplicabilidad (el porcentaje de contadores inteligentes instalados es aún muy bajo), Industria ha destacado que supondrá ahorros para el sector de unos 200 millones de euros al año.
Además, el cambio llega en un momento de sensibilización social hacia los precios de la energía, que han subido desorbitadamente en la última década y son de los más altos de la Unión Europea como consecuencia principalmente de las ineficiencias del sistema eléctrico español.
El alto nivel de paro y la devaluación salarial propiciada por la crisis han provocado que los recibos de electricidad y gas tengan un peso creciente en las rentas familiares, extendiendo el fenómeno conocido como pobreza energética.
Según un informe divulgado la víspera por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), el 17 por ciento de los hogares, o más de 7 millones de españoles, tuvieron problemas para pagar su factura energética en 2012, mientras que el 9 por ciento (cerca de 4 millones) fueron incapaces de mantener su casa en condiciones de climatización adecuadas.
Esto supone aumentos respectivos del 34 por ciento y el 19 por ciento frente al anterior estudio de 2010.
Por otra parte, los altos precios de la electricidad en España también perjudican a empresas de pequeño y mediano tamaño, la amplia mayoría del tejido industrial doméstico, al restarles competitividad frente a empresas de otros países.
El titular de Industria desveló que la nueva norma permitirá la creación de una distribuidora con una base de 25.000 clientes, frente a los 100.000 actuales.
Soria argumentó que esta mayor competencia también favorecerá al consumidor.
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