Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que es voluntad del Gobierno "escuchar y tomar en consideración" todas las aportaciones que puedan hacerse para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones.
El anteproyecto, que será enviado al Consejo Económico y Social (CES) para que emitan su dictamen, contempla un nuevo índice para referenciar la actualización de las pensiones diferente del IPC, para evitar que las pensiones puedan en lo sucesivo congelarse o incluso rebajarse y que empezará a aplicarse ya el próximo año, mientras que se retrasa hasta finales de la próxima legislatura (2019) la entrada en vigor del 'factor de sostenibilidad' que vincule las pensiones con la demografía.
El nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medidas de once ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema. Además, aplicará un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, destacó que se trata de la reforma "más importante" en términos sociales que ha aprobado el Gobierno, y afirmó que dará "confianza, tranquilidad y certidumbre" tanto a los pensionistas presentes como futuros, a los que ha garantizado que van a poder disfrutar de pensiones públicas. "Tengan la confianza de que los jóvenes de hoy van a ser los pensionistas del mañana", añadió.
EP/RCVN
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