Un total de 7.922 viviendas edificadas en la costa de Bizkaia y Guipúzcoa en zonas de servidumbre o dominio público no serán demolidas en base a la nueva regulación de la Ley de Costas en Bizkaia y Guipúzcoa, salvo en caso de sentencia firme que indique lo contrario, pero deberán abonar un canon por el uso del espacio público, según ha explicado este jueves en Bilbao el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.
En una rueda de prensa celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Vizcaya, Ramos, ha asegurado, además, que la reforma de la Ley de Costas "aporta soluciones a miles de ciudadanos que se vieron afectados por el anterior marco jurídico de 1988" y permitirá mantener casi 3.000 empleos y una actividad económica superior a los 41 millones de euros en el litoral vasco.
Ramos ha detallado el alcance de esta reforma en el País Vasco, donde hay 3.356 ocupaciones en dominio público marítimo- terrestre (ribera del mar y de las playas), de las que 636 son viviendas (más de 2.500 ocupantes), mientras que en zona de servidumbre de protección hay 7.286 viviendas (con unos 29.100 residentes), lo que hace un total de 7.922 viviendas.
Además de las 7.922 viviendas, en las zonas de dominio y servidumbre vascas también existen 21 hoteles, 78 restaurantes y chiringuitos, y 39 industrias, que podrán seguir levantadas también pagando el citado canon, que se fijará en la nueva ley, probablemente por dos vías: que las personas afectadas pidan la autorización y que la Administración pueda impulsar de oficio la ordenación.
Según ha explicado Ramos, con esta reforma, el Gobierno ha reaccionado ante un "problema social", ya que de las 40.000 ocupaciones actuales que se encuentran en dominio público marítimo-terrestre, "casi un 90 por ciento se encuentra en una situación irregular".
Además, ha subrayado que esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa y que prohíbe nuevas edificaciones en el litoral, tanto en dominio público marítimo-terrestre, como en su zona adyacente de servidumbre de protección. También prohíbe cualquier incremento de lo ya edificado, ha precisado Ramos.
El secretario de Estado ha subrayado la importancia de esta reforma de la Ley de Costas, ya que "la legislación medioambiental debe dar respuesta a la realidad sobre la que vivimos" y ha defendido su "extraordinario rigor".
En este sentido, Federico Ramos ha concluido que con este nuevo marco jurídico "hemos demostrado que es compatible proteger los derechos de las personas y el litoral".
EP/RCVN
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