MADRID (Reuters) - El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó el lunes la llamada "doctrina Parot" refrendada por los máximos tribunales españoles, lo que podría dejar en libertad a decenas de presos encarcelados por terrorismo y delitos violentos, en un fallo que fue ampliamente criticado por las asociaciones de víctimas del terrorismo.
De esto modo, la Gran Sala del tribunal con sede en Estrasburgo (Francia) dio la razón a la etarra Inés del Río Prada, que está en prisión desde 1989 y que demandó al Estado español después de ver alargada su condena de más de 3.000 años de cárcel por 23 asesinatos, ordenando su puesta en libertad por 16 votos a favor y uno en contra.
Además, el tribunal consideró por 15 votos a favor y dos en contra que España había violado el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos y por unanimidad que la detención de Del Río desde 2008, fecha en la que se cumplía su sentencia original, no había sido legal.
También ordenó al Estado español el pago de una indemnización de 30.000 euros "por daños morales" a la etarra.
"Lamentablemente, la sentencia ha sido desfavorable y no ha estimado el recurso que interpuso la Abogacía del Estado en representación del Estado español", dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una rueda de prensa conjunta con el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, para valorar la sentencia.
El TEDH ratificó así una sentencia anterior de julio de 2012 en la que condenaba a España a indemnizar a Del Río, miembro del comando Madrid de ETA, tras haber alargado su condena hasta 2017 en cumplimiento de la doctrina y pedía su inmediata puesta en libertad.
El Gobierno español recurrió posteriormente la sentencia y no liberó a Del Río, a la espera de un pronunciamiento definitivo del Tribunal de Estrasburgo.
Ruiz-Gallardón aseguró que el Estado no indemnizará a la etarra, ya que ésta no satisfizo en su día las indemnizaciones que le correspondían con las víctimas de sus atentados tras declararse insolvente, y que dichas cantidades tuvieron que ser adelantadas por el Estado español.
La "doctrina Parot" comenzó a aplicarse en 2006, cuando el Tribunal Supremo español cambió la jurisprudencia para que los beneficios penitenciarios se aplicasen a cada una de las condenas de un preso, en lugar de al total de 30 años efectivos en prisión que establecía el Código Penal de 1973.
Del Río recurrió su caso por considerar que la doctrina Parot se le aplicó de forma retroactiva.
"Siento indignación, asco, rabia, ira por la decisión que ha tomado este grupo de personas", dijo en una rueda de prensa Enrique González, un guardia civil víctima de un atentado en la Plaza de la República Argentina de Madrid en 1985, en el que murieron un ciudadano estadounidenses y 16 guardias civiles resultaron heridos.
Desde la asociación Voces contra el Terrorismo, su presidente, Francisco José Alcaraz, exigió al Gobierno que no acate la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.
"Si la doctrina Parot es derogada y terroristas, violadores y asesinos salen en libertad, será responsabilidad de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno", dijo Alcaraz en una nota de prensa.
CASOS CONCRETOS
El martes, la Audiencia Nacional se reunirá en un pleno extraordinario para estudiar la posible puesta en libertad de Del Río, encarcelada en la actualidad en una prisión de Galicia.
El ministro de Justicia dijo que la aplicación del fallo de Estrasburgo corresponde ahora a la justicia española, ya que no es un fallo gubernativo, por lo que serán la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales las que tendrán que tomar las decisiones estudiando cada caso concreto.
"Se ha producido un fallo para un caso concreto, pero no hay una doctrina generalizada. Habrá que resolver individualmente cada una de las peticiones", dijo Gallardón.
Según Instituciones Penitenciarias, un total de 84 presos se encuentran encarcelados actualmente tras habérseles aplicado esta doctrina. De ellos, 69 están presos por delitos de terrorismo: sesenta y uno por pertenencia a ETA, que podrían quedar en libertad en una primera fase, seis del GRAPO, uno del GAL y uno del Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego.
Otros 15 internos son autores de delitos muy graves como asesinatos, violaciones u homicidios.
"Si las decisiones de la justicia consideraran eventuales excarcelaciones, el Gobierno (...) velará por el cumplimiento de la ley (...) porque no se produzcan con ocasión de esas eventuales excarcelaciones, ni enaltecimiento del terrorismo, ni humillación de las víctimas", dijo el ministro del Interior.
Por su parte, el Ejecutivo vasco valoró el fallo del tribunal de Estrasburgo y su portavoz, Josu Erkoreka, pidió a la izquierda independentista que gestione con responsabilidad las consecuencias del fallo.
Además, instó al Gobierno central a iniciar una nueva etapa en el ámbito de la política penitenciara, adecuada "a la realidad social del momento".
Conocida como "doctrina Parot" por el etarra Henry Parot, el primer preso al que se le aplicó, ha sido ratificada por los tribunales y el Gobierno español en varias ocasiones, incluso después de la sentencia de Estrasburgo, a la espera de su decisión definitiva.
Después del anuncio del fin de la violencia por parte de ETA hace dos años, la disolución de la banda armada y la situación de sus alrededor de 600 presos en cárceles españolas son las dos cuestiones que quedan pendientes para cerrar un conflicto nacido hace 50 años y por el que ETA ha matado a más de 800 personas en su búsqueda de un País Vasco independiente.
En mayo de 2012, el Ministerio del Interior español anunció un plan de reinserción individual al que pudieran acogerse presos condenados por terrorismo siempre que se desvincularan de la organización a la que pertenecieran, pero el colectivo de presos etarras rechazó el arrepentimiento y criticó lo que llamó "presiones y chantajes".
La llamada "vía Nanclares" - nombre de una cárcel de Álava a la que se ha trasladado a presos etarras que se desvincularon de la lucha armada y pidieron perdón - nacida con el anterior Gobierno socialista, se encuentra paralizada en la actualidad.
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