MADRID (Reuters) - El juez de Palma de Mallorca que instruye el caso Nóos citó el martes a declarar como imputada a la infanta Cristina por un delito fiscal y de blanqueo de capital dentro del caso de corrupción en el que está implicado su marido, Iñaki Urdangarin, en un nuevo revés para una familia real española que intenta recuperar la popularidad perdida.
La cita de la hija menor del Rey ante el juez está prevista para el sábado 8 de marzo a las 10:00 horas, tratándose de la primera vez en que declararía por indicios de delito un miembro de la realeza española.
El defensor de la infanta, el abogado Miquel Roca, un renombrado político de la Transición española, anunció que la defensa apelaría la resolución judicial.
"Desde mi perspectiva como veterano (abogado) de la infanta, no hay fundamento y discrepo de la resolución judicial (...) Estoy convencido de su inocencia, estoy absolutamente convencido de su inocencia", dijo Roca en declaraciones a medios recogidas por la televisión pública 24H.
El mismo juez ya había imputado en abril a la infanta por ver indicios de connivencia en el presunto enriquecimiento ilícito de su esposo a través de una fundación sin ánimo de lucro, el instituto Nóos, pero la Audiencia Provincial de Mallorca suspendió la histórica imputación al considerar que no existían suficientes indicios incriminatorios.
Sin embargo, el tribunal dejó abierta la puerta a investigar a Cristina de Borbón por un presunto delito fiscal, y el juez continuó con su instrucción.
La nueva imputación, que pedía la acusación popular del grupo Manos Limpias y a la que se opusieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado el pasado noviembre, se ha producido después de que se conociese que la infanta y su esposo habían pagado gastos personales, como un iPhone o libros infantiles, con cargo a Aizoon, una empresa mercantil sin actividad que compartían al 50 por ciento y a la que Urdangarin desvió presuntamente fondos públicos desde Nóos.
DELITO FISCAL Y BLANQUEO
En su extenso auto de 227 páginas, el juez dijo que existían irregularidades en las cuentas de Aizoon entre 2005 y 2008, período durante el cual Urdangarín dejó de presidir Nóos, un instituto dedicado a la organización de eventos deportivos.
"No es permisible a la entidad mercantil Aizoon SL (...) llevar a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco, de dividendos sobre la base de la disposición de fondos de Aizoon SL para atender gastos estrictamente personales de cualquiera de los cónyuges", dijo el juez.
"Parece estar claro que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia nunca ha declarado fiscalmente dividendo alguno procedente de su participación del 50 por ciento en Aizoon", dijo.
El juez añadió que al estar determinados los repartos de dividendos es imposible conocer las cuotas que la infanta Cristina podría haber defraudado a Hacienda y si éstas pueden ser superiores a 120.000 euros en cada ejercicio, lo que está penado con cinco años de prisión, "aunque no parece probable que se alcance tal umbral", añadió el magistrado.
"Lo que sí parece estar claro es que las facturaciones por gastos personales que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia - también su marido, pero ahora es de ella de quién se trata - cargó a la entidad Aizoon SL, supusieron una doble defraudación", dijo.
Además, el juez sospecha que los ingresos que no se habrían tributado pudieron haberse empleado para reducir la base imponible del Impuesto de Sociedades de Aizoon "al figurar contablemente como gastos de explotación sin serlo".
Urdangarin, que ha sido apartado de la Casa Real a raíz de su imputación en Nóos, está acusado de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública por desviar entre 2004 y 2006 unos 5,8 millones de euros de fondos públicos de las comunidades de Baleares y Valencia.
"ABSURDO"
La infanta Cristina, en un intento por alejar a su familia de la presión de los medios, ha trasladado su residencia a Ginebra, donde trabaja para la Fundación La Caixa, mientras su marido permanece en España.
El magistrado arremetió en su auto contra las partes opuestas de antemano al planteamiento de la imputación, afirmando que su juzgado es el último destinatario de las declaraciones de la infanta, sin intermediarios como sus defensores, vertiendo duras críticas en torno al revuelo que levanta la decisión.
"Para eso, y no más, se le ofrece la ocasión, que se reconduce al absurdo cuando para un trámite que se cuenta por miles en el cotidiano quehacer judicial de España se haya de abrir un debate, no a posteriori como sería lo razonable, sino previo, sobre la culpabilidad o inocencia de la persona afectada".
La imputación supone un duro golpe para la Casa Real, que a través de su jefe, Rafael Spottorno, pidió que acabara el "martirio" que supone el proceso judicial para la familia real, que trata de recuperar una popularidad debilitada por este caso y por los escándalos por el alto nivel de vida del Rey.
El fin de semana, un sondeo mostró que un 62 por ciento de los españoles es partidario de la abdicación del Rey, de 76 años, al que se ve alejado de una sociedad que ha soportado duros recortes económicos para superar la crisis.
La aparición de un monarca convaleciente el lunes en la Pascua Militar ha seguido alimentando las especulaciones sobre su estado de salud y las implicaciones para el país.
"España, titubeante", abrió el diario El Mundo el martes, en referencia al titubeo del Rey al pronunciar el discurso la víspera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario