MADRID (Reuters) - El Partido Socialista de Cataluña (PSC) suspendió cautelarmente el lunes de sus cargos orgánicos a los tres diputados que la semana pasada rompieron la disciplina de voto, pronunciándose a favor de pedir al Congreso español que permita celebrar la consulta soberanista propugnada por el presidente catalán, Artur Mas.
"Por la gravedad de los hechos denunciados (...) la Comisión de Garantías acuerda como medida preventiva la separación temporal y cautelar como miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional y del Consejo Nacional y todos los órganos de dirección de la organización territorial o sectorial del PSC", dijo el comunicado, que explicó que además esto supone la apertura de un expediente.
La división interna en el Partido Socialista catalán, que en caso de expulsar a los tres diputados podría quedar como cuarta fuerza política en el Parlament, supone además un dolor de cabeza para el PSOE a nivel nacional en su intento de volver a gobernar, puesto que Cataluña ha sido tradicionalmente uno de sus graneros de votos.
El grupo parlamentario del PSC se reunirá el martes para decidir el futuro de los tres diputados díscolos en la Cámara autonómica. La dirección del partido había exigido la devolución de sus actas poniendo hoy como plazo límite, pero los tres se negaron.
Marina Geli, exconsejera del gobierno socialista, pidió el lunes "cierto tiempo para reconducir" la crisis abierta en la formación tras la votación parlamentaria.
Antes de la reunión del Comité, el PSC explicó en un comunicado en su página web que los tres habían "vulnerado el acuerdo del Consejo Nacional del Partido" que debe ser respetado por todos sus miembros.
El jueves pasado, y con la oposición del PP, Ciudadanos y el resto de diputados socialistas, el Parlamento regional catalán votó a favor de pedir al Congreso de los Diputados español que le delegue la competencia de convocar una consulta antes de que acabe el año en la que preguntar a los catalanes si quieren la independencia de España.
El Gobierno catalán de centroderecha presidido por Artur Mas tiene la intención de convocarla el 9 de noviembre, aunque el Gobierno nacional de Mariano Rajoy ha asegurado que no se celebrará porque no tiene cabida en la Constitución, ya que la soberanía corresponde el pueblo español.
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