PALMA DE MALLORCA (Reuters) - La infanta Cristina declaró el sábado como imputada por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales en un caso de corrupción que ha situado a la monarquía española en uno de sus momentos más difíciles desde su restauración hace casi cuarenta años.
Con una actitud serena y tranquila, la infanta respondió durante cerca de cuatro horas a las preguntas del juez durante la mañana, dijo Manuel Delgado, abogado de la acusación popular del Frente Cívico presente en el interrogatorio.
"La mayoría de las respuestas han sido 'No sé, no recuerdo y confiaba plenamente en mi marido'", dijo el abogado a un grupo de periodistas tras la sesión matutina.
El abogado de la infanta Jesús Silva dijo estar satisfecho por cómo se desarrolló el interrogatorio de la mañana, que calificó de "minucioso".
"(La infanta) ha respondido absolutamente a todas la preguntas que se le han hecho. Han sido decenas, centenares de preguntas y a todas ellas ha respondido puntualmente diciendo lo que sabe, lo que no sabe y se le ha preguntado en ocasiones lo que podía suponer y también ha contestado a preguntas hipotéticas, así que evasiva, ninguna", dijo en declaraciones recogidas por la Cadena Ser.
Después de una pausa de dos horas para comer, el interrogatorio continuaba por la tarde con las preguntas del fiscal, los abogados del Estado, las acusaciones populares y las de los propios abogados de la infanta, en lo que se prevé una larga jornada.
La llegada al juzgado de la infanta de 48 años, séptima en la línea de sucesión al trono español, se produjo apenas 15 minutos antes de su declaración, que comenzó a las 1000 horas, cuando llegó al tribunal en un coche con los cristales tintados.
Posteriormente se bajó y recorrió a pie los pocos metros que le quedaban hasta la entrada del juzgado de Palma, sin gafas de sol y ataviada sobriamente con camisa blanca y chaqueta negra, saludando y sonriendo a las decenas de fotógrafos y cámaras procedentes de todo el mundo que esperaban su llegada en una soleada mañana en la capital balear, mientras un amplio despliegue policial bloqueaba las calles colindantes y unos 200 agentes vigilaban la zona.
En los aledaños había varios centenares de personas con banderas republicanas y catalanistas coreando lemas contra la monarquía y a favor del juez Castro.
"Para mí la monarquía es una lacra, lo único que le preocupa es ganar dinero, salir bien en la tele. No creo que nunca hayan sido útiles y ahora quedan en evidencia", dijo Bartomeu Miró, un informático de 25 años.
La Casa Real ha tratado de distanciarse de la pareja, que no interviene en actos públicos desde octubre de 2011, pero el goteo de las revelaciones en una instrucción judicial que ya dura más de tres años y el accidente sufrido por el Rey en una cacería en Botsuana en 2012 - tras el cual ha sido operado en varias ocasiones de ambas caderas - han perjudicado notablemente la imagen de la institución.
La popularidad del Rey - muy apreciado durante décadas por su papel en la transición a la democracia - se encuentra en mínimos, y una mayoría de españoles, según los sondeos, quiere que abdique en su hijo el príncipe Felipe, una posibilidad descartada por la Casa Real.
"NO DEBERÍA SER TAN COMPLICADO"
El juez José Castro ve culminado su intento de interrogar a la infanta, que inició en abril de 2012 con una primera imputación rechazada posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma.
En su auto de imputación, de 227 páginas, Castro afirmó que "no debería parecer tan complicado entender, o quizás explicar, que cuando menos se ha de brindar a Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia la oportunidad de facilitar explicaciones".
El magistrado considera que Aizoon fue una de las sociedades pantalla utilizada por el Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin ánimo de lucro presidida por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres pero que habría malversado fondos públicos por hasta seis millones de euros.
La infanta, como partícipe de la sociedad a medias con su marido, se benefició de "los fondos ilícitamente ingresados" en Aizoon y pagó menos impuestos a Hacienda al cargar gastos personales a la sociedad, señala el juez instructor.
La declaración podría poner fin a la instrucción del caso Nóos, aunque el juez aún tiene que responder a una petición de Manos Limpias para extender la investigación a los fondos que la candidatura olímpica de Madrid 2016 pagó a otra empresa de Urdangarin.
A partir de ahí, elaborará un auto de procedimiento abreviado en el que incluirá a las personas que cree deben ser procesadas y que puede ser recurrido por las partes, y posteriormente, el auto definitivo de apertura de juicio oral, para el que no hay fecha.
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