La juez Mercedes Alaya ha pedido al Parlamento de Andalucía que le remita la ponencia 'síntesis' que el diputado andaluz Ignacio García (IULV-CA) elaboró como presidente de la comisión de investigación sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y a empresas en crisis otorgadas por la Junta entre 2001 y 2010, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
La ponencia "síntesis" elaborada por el presidente de la comisión de investigación a partir de las "aportaciones coincidentes" de los tres grupos de la Cámara en sus propuestas de dictamen, que no fue aprobada por falta de acuerdo entre los partidos, situó la "responsabilidad política de primer nivel o máxima magnitud" en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, en línea con las conclusiones de IULV-CA.
En el auto dictado, la magistrada atiende la petición realizada a este respecto por el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y solicita "la propuesta de la presidencia --ponencia síntesis" de dicha comisión de investigación, aunque rechaza tomar declaración como testigo al presidente de dicha comisión, Ignacio García, "ya que no se identifica por la parte proponente de quién se trata ni qué funciones realizaba".
No obstante, sí acuerda citar a declarar en calidad de testigos a dos personas cuya comparecencia había sido solicitada por el abogado de Rivera, imputado en la causa, entre ellas a Silvia Patricia Soto, trabajadora de la Dirección General de Trabajo que ya declaró ante la Guardia Civil y aseguró que se negó a redactar una encomienda de gestión para seguir traspasando fondos en 2011 a IDEA, todo ello al ser advertida de que el sistema era irregular por parte de la Intervención de la Junta.
Esta testigo también dijo que, a pesar de sus reparos, Rivera le habría presionado para que la redactara diciéndole 'qué más te da a ti, si no firmas nada', a lo ella se negó, lo que motivó que Rivera le amenazara con "prescindir de ella".
En el mismo auto, la juez atiende la petición realizada por el PP-A y pide a la Consejería de Empleo y al Consejo de Gobierno de la Junta los expedientes administrativos "íntegros, completos y foliados" que se hayan seguido para el otorgamiento de la subvención excepcional para atender a la solicitud formulada por los administradores concursales de Astilleros de Huelva acordada en noviembre de 2011, así como toda la documentación que posea sobre los pagos que se hayan realizado y la justificación del beneficiario.
EP
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