MADRID (Reuters) - Miles de personas se concentraron el domingo en el centro de Madrid para protestar contra la decisión del Tribunal de Estrasburgo de anular la "doctrina Parot" que podría facilitar la salida de la cárcel de decenas de etarras con largas condenas por numerosos asesinatos, así como de otros condenados por delitos graves, y pidieron justicia.
El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tumbando una revisión judicial que aplicaban los tribunales españoles y que alargaba la estancia en prisión de los condenados con varios asesinatos, ha causado un profundo malestar en las asociaciones de víctimas y puesto al Gobierno del Partido Popular, tradicionalmente aliado con ellas, en una difícil situación."Queremos que este clamor llegue a Estrasburgo (...) queremos justicia", dijo Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en un discurso en la madrileña plaza de Colón, plagada de banderas españolas.
"Que se pague proporcionalmente por sus crímenes. Ni un día más, pero ni un día menos", agregó.
El Gobierno, que ha dicho que acatará una sentencia calificada de "injusta" por el presidente Mariano Rajoy, no envió a ninguno de sus miembros a una concentración a la que según sus organizadores acudieron hasta 200.000 personas, aunque sí hubo destacados dirigentes del partido de centroderecha, como la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su antecesora y presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre.
"ETA asesinó a mi padre cuando sólo tenía 15 años (...) Ahora tenemos que ver cómo estos asesinos salen sonrientes a la calle. ETA destrozó nuestras vidas. No quiero venganza pero tampoco quiero que disfruten de lo que nos han arrebatado a nosotros", dijo Maite Araluce, delegada de la AVT en Málaga.
La etarra Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de cárcel por 23 asesinatos - de los que ha cumplido 26 -, salió de prisión el martes tras una orden de la Audiencia Nacional después de que el TEDH aceptara su recurso contra el prolongamiento de su estancia en prisión, al aplicársele una doctrina que establece las redenciones de penas sobre el total de años de condena, y no sobre el máximo de 30 años que antes podían cumplir.
Un segundo etarra, José Manuel Píriz, salió de prisión el viernes tras pasar casi 30 años, después de ser condenado a 61 años por un asesinato, entre otros delitos. Otro medio centenar de presos etarras a los que se les aplicó la "doctrina Parot" - por el primer etarra con el que se hizo, Henri Parot - han presentado recursos para dejar la cárcel.
"HUMILLACIÓN" PARA LAS VÍCTIMAS
"La sentencia es una humillación para las víctimas", dijo Esteban González Pons, número tres del PP. "Espero que Europa vea cuánto le ha dolido a España esta sentencia".
Desde el País Vasco llegaron reacciones muy distintas, y el dirigente del PNV Joseba Egibar afirmó que la manifestación "es la consecuencia lógica de una estrategia equivocada que (...) ha otorgado una caracterización política al mundo de las víctimas, que han entendido que podían participar directamente en los diseños políticos, incluida la política penitenciaria".
Por su parte, el dirigente de la izquierda 'abertzale' Pernando Barrena afirmó que "la ultraderecha española ha parasitado a algunas asociaciones de víctimas, que con la manifestación de hoy solo buscan sembrar odio, venganza, revancha y anulación de los derechos básicos".
Un total de 84 presos se encuentran encarcelados tras habérseles aplicado esta doctrina. De ellos, 69 están presos por delitos de terrorismo: sesenta y uno de los cuales por pertenencia a ETA, que podrían quedar en libertad en una primera fase, seis del GRAPO, uno del GAL y uno del Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego, según Instituciones Penitenciarias.
Otros 15 internos son autores de delitos muy graves como asesinatos, violaciones u homicidios, y podrían también beneficiarse de esta medida. El viernes ya fue excarcelado el primer preso común, un violador reincidente de 76 años, según medios.
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