MADRID (Reuters) - La juez que instruye el caso del supuesto fraude de los ERE en Andalucía detalló el jueves los motivos que la llevaron a la preimputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, decisión que fue luego revocada por la Audiencia Provincial por falta de argumentos.
La juez afirma que de la instrucción del caso se desprende que los dos expresidentes andaluces y cinco exconsejeros imputados estaban al tanto del sistema de ayudas sociolaborales, ya que todos formaban parte del Consejo de Gobierno y que por ello deben responder ante la Justicia.
"Un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta", dijo ante la juez el exconsejero de Empleo Antonio Hernández, según recoge el documento de Alaya reproducido el jueves en varios medios.
El fraude investigado se refiere a las subvenciones a las prejubilaciones en cerca de 70 empresas y se estima que la cantidad desviada de unos fondos creados para agilizar los ERE asciende a 136 millones de euros.
Los otros afectados, además de Chaves y Griñán - sucesivos presidentes de Andalucía entre 1990 y 2013 - son la exconsejera de Hacienda y exvicepresidenta de la Junta Carmen Martínez, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Manuel Recio, y los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Antonio Ávila.
Los siete son aforados en el Parlamento nacional o autonómico andaluz. La juez no puede imputar directamente a los aforados, sino que debe elevar una exposición razonada al Tribunal Superior competente tras agotar la investigación, de forma que perdería la instrucción del caso, pero les comunica el proceso para salvaguardar sus derechos.
REGISTROS EN LA SEDE DE UGT
En el marco de las pesquisas de la magistrada, agentes de la Guardia Civil registraron el jueves la sede en Sevilla del sindicato UGT, que también está siendo investigado por el supuesto desvío de fondos públicos de los ERE en forma de comisiones.
"Si se ha hecho algo mal, seremos los primeros y no nos temblará la mano en cambiar lo que haya que cambiar", dijo el secretario de organización de UGT, Manuel Ferrer.
Varios medios recogieron, citando fuentes de la Guardia Civil, que la operación está destinada a buscar información de la formación y en ella también se investiga el supuesto borrado de archivos informáticos que el sindicato denunció hace semanas.
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