José Ignacio Conde Ruiz, investigador del 'think tank' español Fedea y uno de los expertos que participó en la propuesta sobre el factor de sostenibilidad encargada por el Gobierno, también dijo esta semana que los cambios en el sistema no debían acabar con esta reforma.En su opinión, aunque se haya resuelto el problema de la sostenibilidad del sistema, aún habría que solucionar otros desajustes como el diferente peso que tienen los años de cotización en el cálculo de la pensión.
"Hay muchas cosas que mejorar y no podemos cerrar la agenda de reformas simplemente garantizando la sostenibilidad", afirmó en un estudio sobre los retos de las pensiones españolas.
El texto sometido a votación el jueves al Congreso fue aprobado en solitario por los diputados del Partido Popular, demostrando su soledad en un tema sensible electoralmente por el gran volumen de pensionistas del país y que no ha contado tampoco con el respaldo ni de los sindicatos ni de los empresarios.
Los sindicatos argumentan que la reforma podría suponer una pérdida del poder adquisitivo de los perceptores de pensiones de hasta un 28,3 por ciento en los próximos 15 años.
Durante su paso por el Senado, la reforma incorporó una serie de enmiendas que elevarán el límite máximo de incremento anual de las pensiones al IPC más el 0,50 por ciento (frente al IPC +0,25 por ciento previsto inicialmente), manteniendo un suelo de subida de un 0,25 por ciento.
El Gobierno se ha comprometido además a presentar cada cinco años a los agentes sociales y grupos parlamentarios un estudio sobre los efectos de las medidas adoptadas, y a pedir la opinión de una autoridad independiente sobre los valores que fijarán el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización.
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