MADRID/BILBAO (Reuters) - Todas las fuerzas nacionalistas vascas encabezadas por PNV y Sortu convocaron el viernes una nueva manifestación en Bilbao para el sábado después de que un juez de la Audiencia Nacional prohibiera otra marcha a favor de los presos de ETA alegando que estaba convocada por una organización ilegalizada por sus vínculos con la banda.
"Frente a la conculcación de derechos humanos y ante medidas excepcionales negativas, todos los aquí reunidos expresamos nuestra voluntad de fortalecer el nuevo escenario que se ha abierto en nuestro pueblo y a tomar las medidas necesarias para consolidarlo tal y como hacemos en el día de hoy", dijo el presidente de la Ejecutiva del PNV.
Arraiz y Ortuzar, en nombre también de de Eusko Alkartasuna, Aralar, Alternatiba, Geroa Bai y los sindicatos abertzales ELA y LAB, hicieron un llamamiento a la ciudadanía vasca a participar en una manifestación silenciosa.
Ortuzar destacó lo "excepcional" de la iniciativa, "provocada también por una situación excepcional, y se entenderá también que nuestra respuesta sea excepcional. Y también que hoy lo más elocuente sea el silencio".
La marcha prohibida, que pretendía pedir el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, y la recién convocada, se anunciaron después de que en las últimas semanas los presos de ETA cobraran relevancia a través de actos y comunicados en los que han apoyado la vía política para perseguir el derecho a decidir del pueblo vasco.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) había pedido que prohibiese la primera manifestación, al igual que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, alegando que la organización convocante es sucesora de Herrira, plataforma de apoyo a los presos de ETA cuyas actividades están prohibidas por ley. La presidenta de la AVT ha anunciado que también pedirá prohibir esta segunda marcha.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz consideró el viernes por la mañana que la primera marcha no tenía elementos que permitieran concluir que enaltecía el terrorismo, dejando la decisión en manos del magistrado Eloy Velasco, que está al frente del juzgado que llevó la ilegalización de Herrira.
Velasco concluyó que en la organización convocante de la manifestación, Tantaz Tanta, se integra la ilegalizada Herrira, ordenando a las fuerzas de seguridad que impidan que se celebre el acto el sábado por la tarde en las calles de la capital vizcaína.
DIMISIÓN Y DETENCIÓN
La decisión judicial de prohibir la marcha se produjo dos días después de que una operación contra el denominado 'frente de cárceles' -compuesto por abogados defensores de presos de ETA - en Navarra y el País Vasco se viera afectada por un comunicado de Interior emitido por error antes de las detenciones.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aceptó el viernes la dimisión de su jefe de Comunicación, Alberto Gimeno, que asumió la responsabilidad del envío de una nota de prensa y un tuit en que se anunciaban la detención de varios miembros de ETA por parte de la Guardia Civil.
El Gobierno vasco criticó la actuación del ministerio y dijo que era un paso atrás en el "proceso de paz y convivencia" abierto en el País Vasco a raíz de que la banda armada decretara el fin de su actividad armada en octubre de 2011.
"Este ministro del Interior, en todas sus comparecencias públicas al hablar sobre esta cuestión, de una cuestión que es sensible en el proceso de construcción de la convivencia de la sociedad vasca está siempre manifestándose como si nada hubiera sucedido, está volviendo pasos atrás en lo que la sociedad vasca lleva mucho dando pasos hacia adelante", dijo el 'lehendakari' vasco, Iñigo Urkkullu, en declaraciones recogidas por RNE.
Los pasos dados por ETA con el abandono de la lucha armada en favor de un País Vasco independiente y por los presos, que en diciembre reconocieron el daño causado, han sido rechazados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que exige el desarme de la banda y su desaparición.
El viernes la Policía detuvo en Álava a Irati Mújika Larreta, miembro de SEGI, una organización juvenil de la izquierda 'abertzale' ilegalizada en 2002 por sus vínculos con ETA y que en 2012 anunció su autodisolución.
Mújika, sobre quien pesaba una orden de detención europea por integración en organización terrorista, fue condenada en 2012 a un año de prisión por un delito de apología del terrorismo en Pamplona tres años antes, dijo Interior en un comunicado.
(Información de Rodrigo de Miguel, Inmaculada Sanz y Emma Pinedo. Información adicional de Arantza Goyoaga en Bilbao,; editado por Andrés González)
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