El Congreso tramita la ley de defensa del consumidor, que impedirá su uso en centros y transportes públicos
EP / MADRID El acuerdo al que llegaron el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para restringir el uso de los cigarrillos electrónicos en determinados espacios públicos podría quedar plasmado y entrar en vigor a partir de la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que se está tramitando en el Congreso.
Para ello, explicó la ministra, el objetivo era hablar con los grupos parlamentarios para pedirles que incluyeran esta prohibición en alguno de los proyectos legislativos que hay actualmente en tramitación, para que en el mes de enero pudiera "estar ya contemplado".
La norma elegida será previsiblemente la nueva ley de los consumidores, según han confirmado a Europa Press fuentes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que todavía está en la primera fase de tramitación ya que aún no se ha cerrado el plazo de enmiendas a la totalidad.
El objetivo es que en dicha norma se introduzca una enmienda para incorporar tales prohibiciones. Además, Sanidad y las comunidades dieron vía libre a los grupos parlamentarios por si querían ampliar la prohibición y equiparar sus restricciones de uso al tabaco, limitándolos también en bares y restaurantes.
En cualquier caso, la decisión de introducir la prohibición de estos productos por esta vía y no por real decreto-ley impedirán su entrada en vigor en breve, han confirmado las mismas fuentes, ya que la norma deberá ser aprobada por el Congreso y ser remitida al Senado antes de su votación definitiva (nuevamente en el Congreso) y posterior publicación en el BOE.
De hecho, Andalucía se ha adelantado y esta misma semana anunció que los cigarrillos electrónicos ya no podrán usarse en centros sanitarios, sociales y educativos dependientes de la Junta, así como en ningún otro centro donde haya actividad con menores, a la espera de una normativa nacional.
Ante un posible retraso el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, José Martínez Olmos, ha pedido al Gobierno que "no se duerma en los laureles" y se dé "prisa" para prohibir el uso de estos dispositivos "sin esperar" a la nueva ley de consumidores.
"Si el Gobierno llegó a un acuerdo con las comunidades no puede tardar tanto", ha apuntado a Europa Press este diputado, que avisa de que si pasa "un tiempo razonable" y no se avanza en la prohibición presentarán una iniciativa parlamentaria para exigirlo.
Además, también reconoce que a su juicio el uso de estos dispositivos "debería equipararse al tabaco" ya que "hay riesgos potenciales para la salud" de quienes se exponen al vapor que desprenden.
No obstante, para confirmarlo piden que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Instituto Nacional de Consumo promuevan un informe que ofrezca evidencias científicas sobre tales riesgos.
Fuente: LevanteEMV
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