MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional ordenó el martes abrir juicio oral contra dos ex altos cargos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), uno de los primeros escándalos financieros por el que sus presuntos responsables responderán ante la justicia.
El magistrado Javier Gómez Bermúdez ordenó sentar en el banquillo al ex director general de la CAM Roberto López Abad y al expresidente de la comisión de control de la entidad Juan Ramón Avilés por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y delito societario.
La CAM se convirtió en uno de los símbolos de la crisis financiera en España tras su intervención por problemas de solvencia y liquidez en julio de 2011, llegando a ser calificada como "lo peor de lo peor" por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El estallido de la burbuja inmobiliaria en España a finales de 2007, agudizada por la posterior crisis económica internacional, llevó a la quiebra a muchas entidades cuyos directivos se guiaron por criterios de afinidad política más que económicos.
Además, Gómez Bermúdez ordenó abrir juicio oral contra otras 22 personas, entre ellas la mujer, la hermana, y el hijo de Avilés, como presuntos partícipes a título lucrativo, si bien decidió archivar la causa penal contra ellos.
FIANZAS MILLONARIAS
En el auto, el magistrado pidió a Avilés una fianza de 6,6 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, mientras que en el caso de López Abad esa cifra ascendió a 1,9 millones de euros.
En la resolución, el juez rechazó la petición de la acusación popular de imputar a otras cinco personas, entre ellas la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo María Dolores Amorós.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la semana pasada para López Abad cuatro años de prisión y una multa de 10 meses con una cuota diaria de 300 euros, o alternativamente tres años de prisión, por un delito de apropiación indebida.
Además, la Fiscalía había solicitado dos años y seis meses de prisión para Avilés por un presunto delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de terceros.
La CAM, que estuvo bajo la administración del FROB tras su intervención, tras destituir y demandar judicialmente a sus directivos, fue adjudicada a finales de 2012 a Banco Sabadell tras una inyección de capital de 5.249 millones de euros.
Sabadell contó para ello con un esquema de protección de activos (EPA) sobre una cartera problemática de activos inmobiliarios de la CAM por 24.600 millones de euros.
Desde mayo de 2009, las ayudas financieras públicas comprometidas a la banca han ascendido a 61.366 millones de euros, alentando el malestar de una sociedad que también ha sufrido en parte la venta, en algunos casos fraudulenta, de productos financieros complejos como las preferentes.
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