MADRID (Reuters) - La economía española vuelve a crecer y sus exportaciones están ganando fuerza, pero con uno de cada cuatro trabajadores en paro, el Gobierno confía ahora en reanimar al país harto de la austeridad con un nuevo método: una gran reforma fiscal.
Si funciona, la reforma impulsará el crecimiento económico, creará cientos de miles de nuevos empleos y frenará la incesante presión a la baja sobre los salarios de los españoles. Pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, arriesga también sus posibilidades de reelección, ya que el plan exigirá probablemente una subida de impuestos sobre bienes y servicios que no será popular entre los votantes.
Fuentes del Gobierno han admitido que, aunque no se va a subir del 21 por ciento el tipo máximo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sí podrían pasar a ese tipo determinados productos y servicios que actualmente tributan en los reducidos del 10 y del 4 por ciento. También se espera que suba la presión fiscal sobre propiedades inmobiliarias y combustibles.
Simultáneamente, se recortará el impuesto de sociedades y el de la renta para los ingresos más bajos y Rajoy también ha anunciado una reducción del 75 por ciento de media en el importe de las cotizaciones sociales que pagan las empresas por sus empleados al margen de sus salarios.
Esta última medida, aunque está previsto que expire a final de año y está limitada a nuevos trabajadores, pretende reducir aún más los costes laborales de España y abaratar las contrataciones para las empresas.
Esta combinación de medidas tributarias -conocida por economistas como devaluación fiscal- es uno de los últimos ejemplos de cómo países del sur de Europa tratan de encontrar nuevas fórmulas para mantener a flote sus economías más allá de la receta de recorte de salarios y precios que la Unión Europea ha estado animando a aplicar a la región durante varios años.
España, como miembro de la unión monetaria de la zona euro, ya no puede depender de la devaluación de su divisa y el Banco Central Europeo no ha mostrado ningún interés en debilitar al euro. Por lo tanto, el país se ha sometido a una devaluación interna, reduciendo salarios y precios para ser más competitivo.
Pero esta política amenaza ahora con convertirse en deflación, una fase más peligrosa en la que los consumidores aplazan sus compras porque esperan que los precios caigan, paralizando la economía.
APUESTA POLÍTICA
Para Rajoy, la reforma es una apuesta política. El respaldo al Partido Popular se ha hundido en los últimos dos años en los que ha aprobado duros recortes de gasto. Según una reciente encuesta de Metroscopia, el 76 por ciento de los españoles desaprueban su política y sólo el 6 por ciento cree que la situación económica mejorará en el corto plazo.
Aunque algunas de las nuevas subidas de impuestos pueden resultar impopulares en un país harto de la austeridad, el fuerte impulso para la actividad y la creación de empleo que pretenden dar las nuevas medidas podría acabar convenciendo a los votantes de que Rajoy merece un nuevo mandato de cuatro años.
Según estimaciones de la federación de autónomos ATA, unos 300.000 trabajadores por cuenta propia que están en la economía sumergida podrían verse atraídos de nuevo al sistema por las menores cotizaciones.
También se prevé que este año se firmen decenas de miles de contratos a tiempo parcial, que se benefician de un descuento adicional de las cotizaciones.
En un análisis publicado el año pasado, BBVA dijo que un recorte de 3,5 puntos porcentuales de las cotizaciones sociales combinado con un aumento de 2 puntos porcentuales en impuestos al consumo sumaría un 0,74 por ciento al Producto Interior Bruto y crearía más de 200.000 puestos de trabajo en dos años.
El efecto sería equivalente a una depreciación del tipo de cambio de alrededor del 10 por ciento, dijo BBVA.
Un estudio similar de la Comisión Europea también apuntó al alto impacto a corto plazo tanto en el PIB como en el empleo que el presidente del Gobierno español está buscando.
Si se aplicaran ahora, las medidas permitirían posiblemente que Rajoy cumpliera con su promesa de acabar su mandato de cuatro años el próximo año con menos paro que cuando asumió el cargo en diciembre de 2011.
España tenía en febrero 4,8 millones de parados registrados, 390.000 más que cuando Rajoy fue elegido, aunque los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que un total de seis millones de personas, o el 26 por ciento de la población activa, está realmente en paro.
DEBILITANDO EL CONSUMO
El Gobierno, que revisó al alza su previsión de crecimiento para 2014 y espera reducir la tasa de paro por debajo del 25 por ciento a final de año, confía en que la devaluación fiscal tendrá dos efectos económicos, incluso en una versión edulcorada.
En primer lugar, reducir las cotizaciones sociales rebajaría los costes laborales unitarios, impulsando la competitividad de España. Como en otras economías del sur de Europa, los costes laborales han caído en España desde un máximo alcanzado en 2009. Sin embargo, esto se ha conseguido en gran medida recortando los salarios reales, debilitando el consumo y la demanda interna, que representa dos tercios del PIB.
Pero al optar ahora por una reducción de la carga fiscal sobre las empresas para seguir reduciendo los costes laborales, se aliviaría la presión sobre los salarios, ayudando a compensar un impacto en el consumo provocado por una subida del IVA.
Los costes laborales subieron un 0,2 por ciento en el tercer trimestre de 2013, su primer aumento trimestral desde principios de 2012, ya que un incremento del 0,7 por ciento de las cotizaciones sociales contrarrestó una caída de 0,2 por ciento de los salarios.
En segundo lugar, la combinación de cotizaciones sociales más bajas e impuestos al consumo más altos favorece a los productores nacionales con respecto a sus competidores extranjeros, que tienen el mismo IVA aplicado a sus productos en España sin beneficiarse de los menores costes laborales.
Los economistas advierten sin embargo de que el impacto de la devaluación fiscal dependerá de lo lejos que el Gobierno esté dispuesto a llegar en la transferencia de la carga tributaria y aplicar impopulares subidas de impuestos.
"Una devaluación fiscal completa requeriría que la bajada de las cotizaciones sociales se dirigiera a todos los contratos y fuera permanente", dijo Rafael Domenech, economista jefe para Economías Desarrolladas de BBVA y coautor del análisis.
Lo ideal sería que las subidas de impuestos también se aplicaran a una amplia gama de productos y la reforma sería más eficaz si se combinara con reformas estructurales y medidas para reforzar la devaluación interna, añadió Domenech.
Los efectos se reducirían si las empresas aumentaran sus márgenes o salarios en lugar de reducir los precios como consecuencia de menores costes laborales, si las empresas extranjeras que exportan a España recortaran su precios para seguir siendo competitivas, o si se aplicaran políticas similares en otros países de la zona euro.
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