MADRID (Reuters) - El juez que investiga el caso de corrupción Nóos ha mantenido la imputación a la hermana del rey de España Cristina de Borbón por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, según un auto difundido el miércoles que pone fin a la investigación.
El juez también mantuvo como imputados al marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres, por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el exjugador de balonmano presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos.
Tras una extensa investigación que ha durado cuatro años, el juez de Palma de Mallorca José Castro señaló que existen "sobrados indicios" de que Cristina, de 49 años, dispuso y gastó dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que posee al 50% con su marido.
"La actuación de doña Cristina de Borbón viene marcada por indicios de criminalidad que debieran descartarse o confirmarse en juicio", sostuvo el juez en el auto de unas 170 páginas.
Castro sostuvo que Aizoon era "una sociedad pantalla sin apenas actividad y carente de personal efectivo".
A Urdangarin se le imputan los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y estafa.
El magistrado agrega que la entidad mercantil Aizoon fue creada con el "deliberado propósito de servir de cauce para el reparto de los beneficios" que obtenía el Instituto Nóos principalmente de las arcas públicas de las Islas Baleares y de la Comunidad Valenciana, a pesar de proclamarse como entidad sin ánimo de lucro.
FACTURAS SIN CONEXIÓN
El juez sostiene que existen varios grupos de facturas que no guardan conexión con las actividades de Aizoon como un servicio de limusina desde el aeropuerto de Roma, reservas de cuatro entradas en el Estadio Olímpico de la capital italiana, facturas de hoteles en diversas capitales del mundo o la compra de unas botas de señora en una tienda de Nueva York.
También se refiere a un viaje a Río de Janeiro del matrimonio y sus cuatro hijos por importe de unos 5.000 euros, la compra de una vajilla por 1.741 euros y de un cuadro por 4.400 euros. Otra serie de facturas parecen proceder de organización de eventos familiares, como una fiesta de cumpleaños, un animador infantil y clases de salsa en la residencia de la pareja.
"Ya que todo indica que doña Cristina de Borbón y Grecia debió participar activamente, como no puede ser de otro modo, en la organización y presupuestos de estos eventos de incontestable afección personal, si ella no los abonó de su propio peculio y debiera saber que tampoco lo hizo su marido, no pudo pasarse por alto que lo fueron por la entidad mercantil participada por ambos", dijo el auto.
El llamado auto de transformación en procedimiento abreviado es recurrible y el magistrado da un plazo de 20 días para que las acusaciones formulen sus escritos ante el juzgado, solicitando apertura de juicio oral o para pedir el sobreseimiento.
Fuentes de la Casa Real mostraron su "pleno respeto" a las decisiones judiciales, mientras que el abogado de la infanta, Miquel Roca, anunció que recurrirá.
"La infanta no ha cometido ningún delito a nuestro entender", dijo Roca. "Vamos a apelar ante la Audiencia para que esta resuelva la cuestión".
"Es un criterio (del juez) que entendemos que desconoce la posición de la Agencia Tributaria, que ha manifestado reiteradamente que doña Cristina no ha cometido ningún tipo de infracción tributaria, y por otra parte el propio Ministerio Fiscal de manera reiterada y constante, que ha venido poniendo de manifiesto que no existe base para esta acusación", dijo Roca a medios tras conocer el auto.
La Fiscalía Anticorrupción anunció que también recurrirá el auto. "La infanta Cristina ha sido tratada de manera injusta por ser quien es", dijo el fiscal Pedro Horrach.
El portavoz de la acusación popular ejercida por Manos Limpias, Miguel Bernad, dijo a Reuters que la Fiscalía "se pone del lado del presunto delincuente".
La Casa Real ha tratado de distanciarse de la pareja, que no interviene en actos públicos desde octubre de 2011, pero el goteo de las revelaciones en la instrucción judicial y el accidente sufrido por Juan Carlos I en una cacería en Botsuana en 2012 - tras el cual fue operado en varias ocasiones de ambas caderas - siguieron perjudicando la imagen de la Corona.
Urdangarin siempre ha desvinculado a su esposa de la gestión de Nóos, afirmando que no participaba en la toma de decisiones, a pesar de que era vocal en la junta directiva de la institución. La infanta Cristina, en un intento por alejar a su familia de la presión de los medios, se trasladó con sus cuatro hijos a Ginebra, donde trabaja para la Fundación La Caixa. El caso es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en los gastos sociales. La imagen de la familia real, en particular, se llegó a desplomar a su nivel más bajo de la historia.
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