MADRID (Reuters) - El PP se quedó solo el martes para aprobar unas enmiendas a una ley que permitirán el aforamiento del rey Juan Carlos I, que abdicó este mes en su hijo Felipe VI, en una votación de la comisión parlamentaria de Justicia.
La primera de las enmiendas incluye el aforamiento y la segunda blinda a esos miembros de la familia real frente a posibles "procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor" de la norma, que deberán ser remitidos al Tribunal Supremo.
La oposición rechazó el martes estas dos enmiendas, aduciendo que van en contra del reglamento en cuestión de plazos y formas.
Gracias a la mayoría absoluta, ambas enmiendas, firmadas también por UPN y Foro Asturias, se incluyeron en una ley cuyo objetivo real es modificar la ley del Poder Judicial y que se votará en el Pleno del Congreso el próximo jueves.
La comisión aprobó las enmiendas del aforamiento con el apoyo del PP, la abstención del PSOE y CiU y el voto en contra del resto de grupos parlamentarios.
En respuesta a las acusaciones de la oposición, el PP defendió que el aforamiento se está tramitando con los mecanismos permitidos por el reglamento.
"El artículo 69 del reglamento del Congreso permite acortar determinados plazos en casos debidamente justificados y así lo hemos hecho", dijo el diputado del PP José Miguel Castillo, quien defendió el encaje de las enmiendas en el texto frente a las críticas de la oposición.
CONSENSO ROTO
Sin embargo, los argumentos del PP no convencieron al PSOE. Como ya había anunciado el pasado lunes, los socialistas optaron por la abstención, rompiendo así el tradicional consenso de los dos partidos mayoritarios en las cuestiones que afectan a la monarquía.
"No podemos permitir que se hayan presentado unas enmiendas a un proyecto de ley orgánica que ya existía, y que nada tenía que ver con ese objeto, y que por tanto se esté usurpado de deliberación y de un debate sereno y acorde con lo que exige un tema tan delicado a esta Cámara", afirmó la socialista Meritxell Batet.
En nombre de la Izquierda Plural, que votó en contra, el diputado Gaspar Llamazares denunció también irregularidades en la forma y los tiempos con los que se está tramitando un aforamiento que calificó de "blindaje excepcional", puesto que "para que exista fuero es necesario que exista cargo, y aquí se pretende un fuero sin cargo", señaló.
Otros miembros de la oposición se refirieron a la negativa imagen política que podría ofrecer la rapidez de su tramitación.
"Estamos dando una mala imagen con las prisas, mala imagen sin hacer un debate sosegado, mala imagen aprobando unas enmiendas a las pocas horas de haber sido presentadas en un tema de máxima relevancia pública y por tanto no lo estamos haciendo bien", dijo Jordi Jané, de CiU, después comisión de Justicia.
"Lo que nos ha parecido sorprendente es que se haya tramitado esta cuestión con una celeridad inusual cuando el tema debería ser objeto de debate. No se qué se quiere tapar con esta cuestión, habrá que preguntárselo a la propia Casa Real o al grupo popular que es el que ha tenido interés en hacerlo de esta manera", dijo Pedro Azpiazu, del PNV.
El aforamiento de Juan Carlos de Borbón, que ha generado especulaciones sobre su protección legal desde que anunció su abdicación, supone que sólo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo en caso de ser imputado por algún delito civil o penal, en lugar de por los tribunales ordinarios, un privilegio similar al de otros altos cargos del Estado.
Según la Constitución española, todos los actos realizados por el rey o la reina quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad, pero no había prevista ninguna ley para después de la abdicación de un monarca.
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