La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió de que el Ejecutivo
español tiene "serias dudas" de la constitucionalidad de la ley de consultas que prepara el Parlamento de Cataluña, que pretende aprobarla previsiblemente el próximo viernes, y que sería la base para un referéndum que se celebraría el 9 de noviembre.
"Si esa ley se aprueba y fruto de ella el decreto de convocatoria (de la consulta), este Gobierno tiene que cumplir con una obligación que es hacer cumplir las leyes y plantear el oportuno recurso ante el Tribunal Constitucional", dijo la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Sáenz de Santamaría advirtió de que la hipotética anulación del decreto sería inmediata una vez admitida a trámite por el Constitucional.
"Como saben, y yo también quiero recordárselo a determinados miembros de la Generalitat, si el Gobierno plantea un recurso de inconstitucionalidad contra una ley o disposición de una comunidad autónoma, esa suspensión es automática desde que se admite", dijo.
Centenares de miles de personas con banderas senyeras y esteladas ocuparon dos vías principales del centro de Barcelona formando una gigantesca V con los colores de la bandera de Cataluña, con la que pretendía mostrar su deseo de llevar a cabo el referéndum.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, dijo el viernes por la mañana que su plan para realizar el referéndum ha salido reforzado después del amplio apoyo de la calle la víspera en una jornada festiva en la región.
"Este plan no cambia, no varía. Este plan se refuerza en la medida en la que hay mucha gente, una vez más, porque no es la primera vez que sale a la calle masivamente, cívicamente y nos dice: escuchen, adelante", dijo Mas a la cadena pública catalana RAC1.
"Votaremos seguro, otra cosa es en qué condiciones se podrá hacer", añadió.
La movilización en las calles catalanas se produce una semana antes de una consulta similar en Escocia que muchos catalanes ven con envidia y esperan que sirva para impulsar su propio proceso soberanista.
La consulta, que según los sondeos quiere realizar el 80 por ciento de los catalanes, tiene carácter no vinculante, pero el Gobierno de Mariano Rajoy la considera ilegal.
Pese a que las agrupaciones proindependencia afirman que las instituciones catalanas pueden seguir adelante con la consulta ante una eventual suspensión del Constitucional, los analistas políticos no lo ven probable, y algunos ven como resultado probable unas elecciones anticipadas catalanas.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dijo el viernes que ante el enroque de ambas posiciones de los gobiernos central y catalán, sus líderes deberían dialogar y seguir su propuesta de reforma constitucional.
"Rajoy y Mas deben sentarse y afrontar un proceso de renovación constitucional, que es lo que ha propuesto el PSOE", dijo el líder del principal partido de la oposición a RNE.
"Tenemos que resolver esta cuestión. Estamos a las puertas de una crisis de Estado y lo que los votantes esperan de sus dirigentes es el liderazgo político para resolverlo", añadió.
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