MADRID (Reuters) - España gastará hasta 1.200 millones de euros en una nueva ayuda para parados de larga duración con cargas familiares, una prestación que llegará en pleno año electoral que se enmarca en el intento del Gobierno del Partido Popular de dar un giro más social a su gestión.
"La crisis en muchos aspectos es historia, pero no es historia sus secuelas, y en ese sentido la recuperación económica no será completa hasta que llegue a cada hogar (...) Que nadie se quede atrás en la salida de la crisis", dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la firma del acuerdo con sindicatos y empresarios realizada en la Moncloa.
Aunque el Gobierno no cuantificó el coste de este plan bautizado como Programa Extraordinario de activación para el empleo", que comenzará el próximo enero y se extenderá durante quince meses, los sindicatos la situaron en entre 1.000 y 1.200 millones de euros.
En España hay casi 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en paro, y los desempleados de larga duración -que llevan más de un año buscando empleo- suman alrededor de 3,25 millones, más del 60 por ciento del total de parados del país.
Según los últimos datos disponibles, sólo el 57 por ciento de los parados tienen cobertura económica, y este nuevo programa podría elevar este porcentaje unos diez puntos y aliviar la situación de miles de hogares.
"SITUACIÓN INSOSTENIBLE"
"Es un acuerdo imprescindible para una situación insostenible, porque creo que todos somos conscientes de que la recuperación económica no va a llamar a la puerta de millones de hogares españoles y particularmente de las personas que van a ser incluidas en este acuerdo", dijo Cándido Méndez, líder del sindicato UGT, durante la firma del programa.
El Gobierno se comprometió el pasado julio a poner en marcha un plan de recuperación del empleo y mejora de la protección otorgando un carácter prioritario a los parados de larga duración, aquéllos con bajo nivel formativo y los hogares sin ingresos laborales con cargas familiares.
Sin embargo, el desencuentro entre los sindicatos y el Ejecutivo sobre las condiciones para cobrar la ayuda, su duración y cuantía habían retrasado la firma de este acuerdo.
El programa se enmarca en un plan para la activación laboral del colectivo en el que tendrán un especial protagonismo las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de políticas activas de empleo.
El exponente más duro de la crisis económica que comenzó en España a finales de 2007 con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria fue un nivel de desempleo que se disparó y se situó entre los más altos de la Unión Europea.
El Ejecutivo prevé que en 2014 se registre creación neta de empleo por primera vez en seis años, aunque analistas y organismos internacionales auguran que la caída del paro será todavía lenta, con una tasa que se situaba a finales de septiembre en el 23,67 por ciento de la población activa.
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