MADRID (Reuters) - El Gobierno se ha plegado a la presión, tanto a escala nacional como internacional, para aplicar reformas fiscales con la esperanza de que llenen las arcas públicas sin apagar la débil luz de la recuperación económica antes de las elecciones de 2015.
Pero el Ejecutivo se enfrenta a una serie de desagradables decisiones políticas al aumentar los ingresos fiscales, entre los más bajos en Europa, sugiriendo que repartirá la mayor presión fiscal entre un público exhausto por la recesión, sin poner en peligro sus posibilidades de mantenerse en el poder.
Los ingresos públicos se han reducido casi en 50.000 millones de euros desde que comenzara la crisis hace ya seis años, dejando los ingresos públicos en 2012 en un 36,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), cerca de diez puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea.
"Nuestro sistema fiscal, sencillamente, no sirve", dijo el presidente de la organización de inspectores fiscales IHE, Ramses Pérez Boga. "No proporciona al Estado los recursos que necesita, especialmente en períodos de crisis económica, cuando aumentan las prestaciones de subsidio por desempleo", añadió.
Fuentes cercanas al Tesoro, expertos contables e inspectores fiscales dijeron que, en lugar de aumentar los impuestos, el Partido Popular podría centrarse en ampliar su base fiscal después de que su apoyo electoral se haya reducido a la mitad desde su llegada al poder a finales de 2011, cuando prometió no subir los impuestos.
Según los expertos, es posible que la reforma incluya la eliminación de desgravaciones fiscales en el impuesto sobre las rentas o sobre los ingresos de sociedades, incluyendo complejos reglamentos fiscales para pequeños empresarios y deducciones fiscales para propietarios de inmuebles como las dos áreas en las que se prevén cambios.
En las reformas listas para entrar en vigor en 2015, el Gobierno quizá se vea forzado a poner fin a unos considerables descuentos fiscales en algunos productos básicos, una decisión que puede afectar duramente a los ciudadanos con menor renta.
La reducción de los ingresos fiscales es particularmente dolorosa para un país que, incluso después de recortes en el gasto público, continúa luchando para reducir uno de los déficit públicos más altos de la zona euro.
Los déficit estructurales se han hecho evidentes cuando disminuyeron los ingresos fiscales relacionados con la burbuja inmobiliaria, dificultando cada vez más al gobierno la tarea de pagar las pensiones y unos subsidios por un desempleo récord.
ELIMINANDO VACÍOS LEGALES
En los últimos meses, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea pidieron a España que acometiera reformas en su sistema de impuestos, centrándose en ampliar su base fiscal.
"La recaudación de ingresos no se está haciendo de una manera muy eficiente. El balance entre el tipo impositivo y la cuantía recaudada no es muy bueno", dijo en junio James Daniel, el director del equipo destinado por el FMI para España.
Una fuente cercana al Tesoro dijo que el Gobierno planea "una revisión muy generalizada" de todo el sistema fiscal. El "think tank" Fedea estima que, en 2012, algunos vacíos legales permitieron a las empresas esquivar 2.600 millones de euros en pagos de impuestos potenciales, mientras las deducciones en el impuesto sobre la renta ascendieron a 10.300 millones de euros.
"Los tipos impositivos en España son ya relativamente altos, pero los ingresos públicos son bajos. Esto se produce por un gran número de exenciones fiscales que deben ser eliminadas", dijo Ignacio Conde-Ruiz, economista en Fedea.
Pero la teoría es más fácil que la práctica.
El impuesto de sociedades es del 30 por ciento, por encima de la mayoría de los países desarrollados, pero la recaudación es de un 1,9 por ciento del PIB frente al 2,7 por ciento de media en la Unión Europea. Así, la recaudación en España por este impuesto solo representa el 10 por ciento de los ingresos públicos. Los ingresos fiscales corporativos se han reducido un 21,5 por ciento desde la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la correspondiente caída de los beneficios.
Las grandes empresas españolas han acelerado su expansión extranjera, seguidas por las medianas empresas, contabilizando una mayor parte de sus beneficios fuera de las fronteras españolas.
Un análisis de Reuters de las 35 mayores compañías españolas muestra que el número de filiales extranjeras registradas en países con regímenes fiscales favorables se dobló de 273 en 2009 a 517 en 2012, un proceso que los expertos fiscales tildan de perfectamente legal.
"Hay una tendencia global en los impuestos corporativos para registrar una proporción más baja de beneficios", dijo un experto en Madrid en una empresa de contabilidad internacional. "No se espera que los ingresos fiscales de las empresas en España vuelvan a marcar los máximos registrados durante la burbuja", añadió.
¿AUMENTO DEL IVA?
La recaudación de ingresos fiscales se ha visto afectada por una elevada tasa de paro, superior al 26 por ciento. Representaba el 7,4 por ciento del PIB en 2011, un nivel medio dentro de la Unión Europea, según datos de Eurostat.
En este caso, el Gobierno quizá se decida por reducir el número de tramos fiscales, aunque el presidente Mariano Rajoy ya prometió volver a bajar en 2015 la subida temporal del IRPF y rebajar el tipo impositivo para los salarios más bajos.
Una tercera opción es la de impulsar la recaudación del IVA, la segunda principal fuente de ingresos después del IRPF, al representar algo menos de una tercera parte de los ingresos estatales y, en términos de PIB, es la más baja de Europa.
Bruselas se queja de que el sistema español permita que muchos artículos solo paguen el impuesto superreducido, con un tipo impositivo del 4 por ciento.
Tres años de flojas ventas minoristas han golpeado los ingresos por el IVA, además de una economía sumergida estimada en cerca de 200.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, una quinta parte del PIB.
Aumentar el número de artículos que paguen el tipo normal del IVA del 21 por ciento podría ser arriesgado políticamente, especialmente después de una subida de este impuesto en tres puntos el año pasado, y causaría una situación difícil para Rajoy, que prometió no tocar el IVA en el futuro.
El Gobierno ya ha comenzado a poner en marcha algunas medidas para aumentar los ingresos, incluyendo subidas de impuestos temporales. Además, el ejecutivo español ya dijo en junio que eliminaría las desgravaciones fiscales corporativas.
La lucha contra el fraude, como en el caso del futbolista del Barcelona Lionel Messi, que pagó 5 millones de euros al fisco en septiembre, además del cocinero premiado Sergi Arola, al que le embargaron la bodega, han ocupado titulares en la prensa.
Pero el número de inspectores fiscales se reducirá por la política de reducción de costes que no permite sustituir a los inspectores jubilados por nuevos contratados, según representantes de la unión de inspectores fiscales Gestha.
PD/SD
Pero el Ejecutivo se enfrenta a una serie de desagradables decisiones políticas al aumentar los ingresos fiscales, entre los más bajos en Europa, sugiriendo que repartirá la mayor presión fiscal entre un público exhausto por la recesión, sin poner en peligro sus posibilidades de mantenerse en el poder.
Los ingresos públicos se han reducido casi en 50.000 millones de euros desde que comenzara la crisis hace ya seis años, dejando los ingresos públicos en 2012 en un 36,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), cerca de diez puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea.
"Nuestro sistema fiscal, sencillamente, no sirve", dijo el presidente de la organización de inspectores fiscales IHE, Ramses Pérez Boga. "No proporciona al Estado los recursos que necesita, especialmente en períodos de crisis económica, cuando aumentan las prestaciones de subsidio por desempleo", añadió.
Fuentes cercanas al Tesoro, expertos contables e inspectores fiscales dijeron que, en lugar de aumentar los impuestos, el Partido Popular podría centrarse en ampliar su base fiscal después de que su apoyo electoral se haya reducido a la mitad desde su llegada al poder a finales de 2011, cuando prometió no subir los impuestos.
Según los expertos, es posible que la reforma incluya la eliminación de desgravaciones fiscales en el impuesto sobre las rentas o sobre los ingresos de sociedades, incluyendo complejos reglamentos fiscales para pequeños empresarios y deducciones fiscales para propietarios de inmuebles como las dos áreas en las que se prevén cambios.
En las reformas listas para entrar en vigor en 2015, el Gobierno quizá se vea forzado a poner fin a unos considerables descuentos fiscales en algunos productos básicos, una decisión que puede afectar duramente a los ciudadanos con menor renta.
La reducción de los ingresos fiscales es particularmente dolorosa para un país que, incluso después de recortes en el gasto público, continúa luchando para reducir uno de los déficit públicos más altos de la zona euro.
Los déficit estructurales se han hecho evidentes cuando disminuyeron los ingresos fiscales relacionados con la burbuja inmobiliaria, dificultando cada vez más al gobierno la tarea de pagar las pensiones y unos subsidios por un desempleo récord.
ELIMINANDO VACÍOS LEGALES
En los últimos meses, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea pidieron a España que acometiera reformas en su sistema de impuestos, centrándose en ampliar su base fiscal.
"La recaudación de ingresos no se está haciendo de una manera muy eficiente. El balance entre el tipo impositivo y la cuantía recaudada no es muy bueno", dijo en junio James Daniel, el director del equipo destinado por el FMI para España.
Una fuente cercana al Tesoro dijo que el Gobierno planea "una revisión muy generalizada" de todo el sistema fiscal. El "think tank" Fedea estima que, en 2012, algunos vacíos legales permitieron a las empresas esquivar 2.600 millones de euros en pagos de impuestos potenciales, mientras las deducciones en el impuesto sobre la renta ascendieron a 10.300 millones de euros.
"Los tipos impositivos en España son ya relativamente altos, pero los ingresos públicos son bajos. Esto se produce por un gran número de exenciones fiscales que deben ser eliminadas", dijo Ignacio Conde-Ruiz, economista en Fedea.
Pero la teoría es más fácil que la práctica.
El impuesto de sociedades es del 30 por ciento, por encima de la mayoría de los países desarrollados, pero la recaudación es de un 1,9 por ciento del PIB frente al 2,7 por ciento de media en la Unión Europea. Así, la recaudación en España por este impuesto solo representa el 10 por ciento de los ingresos públicos. Los ingresos fiscales corporativos se han reducido un 21,5 por ciento desde la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la correspondiente caída de los beneficios.
Las grandes empresas españolas han acelerado su expansión extranjera, seguidas por las medianas empresas, contabilizando una mayor parte de sus beneficios fuera de las fronteras españolas.
Un análisis de Reuters de las 35 mayores compañías españolas muestra que el número de filiales extranjeras registradas en países con regímenes fiscales favorables se dobló de 273 en 2009 a 517 en 2012, un proceso que los expertos fiscales tildan de perfectamente legal.
"Hay una tendencia global en los impuestos corporativos para registrar una proporción más baja de beneficios", dijo un experto en Madrid en una empresa de contabilidad internacional. "No se espera que los ingresos fiscales de las empresas en España vuelvan a marcar los máximos registrados durante la burbuja", añadió.
¿AUMENTO DEL IVA?
La recaudación de ingresos fiscales se ha visto afectada por una elevada tasa de paro, superior al 26 por ciento. Representaba el 7,4 por ciento del PIB en 2011, un nivel medio dentro de la Unión Europea, según datos de Eurostat.
En este caso, el Gobierno quizá se decida por reducir el número de tramos fiscales, aunque el presidente Mariano Rajoy ya prometió volver a bajar en 2015 la subida temporal del IRPF y rebajar el tipo impositivo para los salarios más bajos.
Una tercera opción es la de impulsar la recaudación del IVA, la segunda principal fuente de ingresos después del IRPF, al representar algo menos de una tercera parte de los ingresos estatales y, en términos de PIB, es la más baja de Europa.
Bruselas se queja de que el sistema español permita que muchos artículos solo paguen el impuesto superreducido, con un tipo impositivo del 4 por ciento.
Tres años de flojas ventas minoristas han golpeado los ingresos por el IVA, además de una economía sumergida estimada en cerca de 200.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, una quinta parte del PIB.
Aumentar el número de artículos que paguen el tipo normal del IVA del 21 por ciento podría ser arriesgado políticamente, especialmente después de una subida de este impuesto en tres puntos el año pasado, y causaría una situación difícil para Rajoy, que prometió no tocar el IVA en el futuro.
El Gobierno ya ha comenzado a poner en marcha algunas medidas para aumentar los ingresos, incluyendo subidas de impuestos temporales. Además, el ejecutivo español ya dijo en junio que eliminaría las desgravaciones fiscales corporativas.
La lucha contra el fraude, como en el caso del futbolista del Barcelona Lionel Messi, que pagó 5 millones de euros al fisco en septiembre, además del cocinero premiado Sergi Arola, al que le embargaron la bodega, han ocupado titulares en la prensa.
Pero el número de inspectores fiscales se reducirá por la política de reducción de costes que no permite sustituir a los inspectores jubilados por nuevos contratados, según representantes de la unión de inspectores fiscales Gestha.
PD/SD
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