SIRIA/CONFLICTO: UN INFORME DE LA ONU ATRIBUYE MASACRES EN BANIAS A FUERZAS DE ASAD

GINEBRA (Reuters) - Investigadores de Naciones Unidas establecieron que las fuerzas del Gobierno sirio fueron casi con seguridad responsables de dos masacres perpetradas en mayo pasado, en las que hasta 450 civiles murieron, según un informe publicado el miércoles. 
El informe documentó nueve matanzas masivas en total, atribuyendo todas menos una a las fuerzas gubernamentales, pero dijo que tanto el Gobierno como los combatientes rebeldes habían cometido crímenes de guerra, incluyendo ejecuciones, secuestros y bombardeos contra civiles en su batalla por territorio. 

Las matanzas en Baida y Ras al-Nabaa, dos bastiones de simpatizantes rebeldes rodeados por pueblos leales al presidente Bashar el Asad en las afueras del territorio costero de Banias, enviaron un escalofriante mensaje del precio a pagar por respaldar a los insurgentes.

La comisión de investigación de la ONU no ha sido autorizada a entrar en Siria, pero sus 20 investigadores realizaron 258 entrevistas con refugiados, desertores y otras personas, en la región y en Ginebra, incluyendo diálogos vía Skype, para su informe 11º en dos años. 

En Baida, según el informe murieron entre 150 y 250 civiles, incluyendo 30 mujeres, aparentemente ejecutadas, que fueron encontradas en una casa. Agregó que rebeldes armados no estaban activos en la zona en ese momento. "Los testimonios fueron consistentes de que miembros de las Fuerzas Nacionales de Defensa estuvieron involucrados activamente en las incursiones y en muchos casos liderándolas", dijo el reporte. 

"En consecuencia, hay argumentos razonables para creer que las fuerzas del Gobierno y milicias asociadas incluyendo las Fuerzas Nacionales de Defensa son las perpetradoras de la masacre de al-Bayda (Baida)", agregó. 

El día siguiente, mientras corrían las noticias de que las milicias avanzaban con apoyo del Ejército, cientos de civiles intentaron huir del pueblo vecino de Ras al-Nabaa, pero fueron rechazados en los puestos de control. Fuerzas del Gobierno bombardearon la localidad y después entraron las milicias. 

"Mientras hacían la incursión en el pueblo, civiles fueron capturados y ejecutados", dijo el informe, agregando que "la operación no ocurrió en el contexto de una confrontación militar. Las fuerzas del Gobierno estaban en total control del área", dijo el informe, que presentó una cifra de 150-200 muertos en Ras al-Nabaa. 

SILENCIO DEL GOBIERNO 

El Gobierno sirio mantuvo silencio sobre las matanzas en ese momento pero un funcionario de inteligencia sirio, hablando a Reuters bajo condición de anonimato, reconoció que los perpetradores eran leales a Asad, incluyendo algunos de las cercanas poblaciones alauís. 

Al menos 100.000 personas murieron y millones se vieron forzadas a dejar sus hogares en el conflicto, que comenzó en marzo de 2011 como un levantamiento contra Asad y desembocó en una guerra civil donde rebeldes mayormente suníes se enfrentan a las fuerzas gubernamentales, que están respaldadas por el Irán chií y Hezbolá. 

La única matanza deliberada de civiles atribuida a las fuerzas rebeldes en el período de investigación ocurrió en junio, cuando los rebeldes capturaron Hatla en la provincia oriental de Deir al-Zor. 

"Durante la toma, combatientes de un grupo armado anti-gubernamental condujo invasiones de casas, matando y ejecutando (con disparos a corta distancia) a muchos chiíes, incluyendo al menos 30 civiles, entre ellos niños, mujeres y ancianos", dijo el informe. 

El informe de 42 páginas, que mayormente abarcó incidentes entre mayo y julio, también acusó a fuerzas leales a Asad de bombardear escuelas y hospitales, y a los rebeldes de realizar ejecuciones sumarias después de sentencias de tribunales islámicos de la ley sharia sin el debido proceso. 

"Los perpetradores de estas violaciones y crímenes, de todas las partes, actúan desafiando la ley internacional", dijo el reporte. La comisión, liderada por Paulo Pinheiro de Brasil, instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a llevar a los perpetradores ante la justicia por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 

Los investigadores, que incluyen a la ex fiscal de crímenes de guerra de la ONU Carla del Ponte, analizaron fotografías, imágenes de video y satélite, así como registros médicos y forenses, para realizar el reporte. 

El equipo también verificó la matanza de 450 personas durante una ofensiva de las fuerzas del Gobierno y combatientes de Hezbolá para retomar la estratégica localidad de Qusair. La población fue desprovista de agua y alimentos durante un asedio y el pueblo fue duramente bombardeado.

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