La entidad ha avanzado este miércoles, en un comunicado, el escrito que dirigirán mañana al director gerente de FGV, Pablo Cotino, en relación con las últimas informaciones judiciales relativas al accidente de metro.
Al respecto, la asociación indica en su escrito que en el auto dictado por el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia el pasado 16 de septiembre, en el que se acordó la no reapertura de la investigación del siniestro, también se indicó que "(...) aún cuando es cierto que el historial de la UTA facilitado por FGV al périto judicial, no recogió dicha información, proceder por parte de FGV, que debe ser calificado como reprochable (...)".
Asimismo, alude al recurso presentado por el ministerio fiscal contra este auto, en el que incluye las siguientes declaraciones del perito judicial sobre los datos de los descarrilamientos no facilitados: "según la declaración del périto D. Andrés Cortabitarte el 11 de julio de 2013, estos datos que no conocía en el momento de realizar la pericia, porque no se le facilitaron por FGV, eran necesarios para la realización de su informe pericial, ya que se debe determinar el motivo de los descarrilamientos y si estos incidentes tuvieron alguna incidencia en la estructura de la unidad siniestrada".
Con todo, la asociación entiende que queda "judicialmente probado" que FGV "ocultó información relevante al perito judicial, que había sido solicitada por él mismo y que ahora la jueza Nieves Molina confirma tal extremo en su auto".
Asimismo, destaca que "queda probado" que dicha información "ocultada" por FGV "era relevante para el informe pericial, según declaraciones del propio périto. Con el agravante de que dicho informe pericial es el que ha servido de base para el archivo de la causa".
Dada la "gravedad" de los hechos judicialmente "demostrados" y que han sido calificados como "reprochables" por la jueza, la asociación solicita a FGV que identifique los cargos que "ocultaron" dicha información y proceda a destituirlos "de forma inmediata "o aplique el régimen disciplinario que corresponda. A su entender, los hechos "judicialmente demostrados" justifican esta medida "en aras de la ejemplaridad de los servicios públicos".
EPValencia
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