MADRID (Reuters) - La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, dio el miércoles un ultimátum de 48 horas a las empresas concesionarias y los trabajadores para llegar a un acuerdo y acabar con la huelga de limpieza que está empañando la imagen de la ciudad desde hace una semana y media.
De lo contrario, el Ayuntamiento, a través de la empresa pública TRACSA, se hará cargo del servicio de limpieza de calles y mantenimiento de jardines y repercutirá la cantidad correspondiente a las concesionarias, advirtió Botella.
"Madrid no puede esperar más a que haya acuerdo. Por ello, si en 48 horas no hay un acuerdo, pondremos en conocimiento del Ministerio Fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos. Asumiremos el control directo de los servicios para que cumplan los servicios mínimos", dijo Botella en una rueda de prensa.
Unos 6.000 trabajadores llevan en huelga desde el lunes 5 de noviembre, después de que las concesionarias contratadas por el Ayuntamiento de la capital española propusieran cortar los salarios en hasta un 40 por ciento y despedir a 1.144 empleados.
Bolsas de plástico, botellas y residuos de todo tipo se han acumulado en las aceras de la ciudad desde entonces, mientras los servicios mínimos han intentado llevar a cabo sus funciones en muchos casos acompañados por patrullas de la policía local.
"El derecho de huelga es legal, pero (..) con algunas condiciones. Exigimos a las empresas los servicios mínimos y denunciamos los actos vandálicos. Han confundido la huelga de limpieza con una huelga de recogida de basura", indicó Botella.
Entre las empresas que tienen contratos de limpieza viaria, recogida de basuras y mantenimiento de los parques públicos en Madrid hay filiales de constructoras e inmobiliarias como Ferrovial, Sacyr, OHL y FCC.
España ha realizado fuertes recortes en el gasto destinado a los servicios públicos en un esfuerzo para reducir uno de los mayores déficit públicos de la eurozona, lo que provocó manifestaciones multitudinarias y huelgas de estudiantes, trabajadores sanitarios y funcionarios públicos.
Madrid ha sido testigo de protestas casi diarias en los últimos años, mientras el Gobierno conservador sigue ajustando sus libros y muestra a los nerviosos inversores que puede controlar sus finanzas.
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