MADRID (Reuters) - La Audiencia de Sevilla ha anulado el auto de la jueza que investiga el fraude en la concesión de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía por el que dio el primer paso para imputar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán al considerar que no razonó adecuadamente los motivos para tomar esa decisión.
"No se explica en el auto recurrido ni siquiera someramente qué hechos concretos haya podido cometer cada uno de los aforados que pudieran ser constitutivos de delito", dijeron los cuatro magistrados de la sección séptima de la Audiencia en el auto.
Alaya está investigando uno de los mayores casos de corrupción desvelados en España en los últimos años, y el pasado septiembre comunicó la existencia del procedimiento judicial en calidad de imputados a Chaves, Griñán y otros cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía, un bastión del Partido Socialista en la oposición en España.
En aquel auto, les comunicaba la posible comisión de un delito de prevaricación y malversación por la concesión de sobrecomisiones a aseguradoras que actuaban de mediadoras en el pago de los trabajadores incluidos en los ERE en un periodo entre 1990 y 2010.
"Tampoco el auto examinado razona si a todos los aforados se les preimputa tanto el delito de malversación como el de prevaricación, o tan solo alguno de ellos, ni si esos delitos han sido cometidos presuntamente y en su caso por acción u omisión", agregaron los magistrados, corrigiendo a la juez.
El fraude investigado, en el que hay más de un centenar de imputados, se refiere a las subvenciones a las prejubilaciones en cerca de 70 empresas y se estima que la cantidad desviada de unos fondos creados para agilizar los ERE asciende a 136 millones de euros.
Los otros afectados, además de Chavez y Griñán - sucesivos presidentes de Andalucía entre 1990 y 2013 - son la exconsejera de Hacienda y exvicepresidenta de la Junta Carmen Martínez, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Manuel Recio, y los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y Antonio Ávila.
Los siete son aforados en el Parlamento nacional o autonómico andaluz. La juez no puede imputar directamente a los aforados, sino que debe elevar una exposición razonada al Tribunal Superior competente tras agotar la investigación, de forma que perdería la instrucción del caso, pero les comunica el proceso para salvaguardar sus derechos.
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