Las cuantías de las prestaciones de los futuros pensionistas se adaptarán además a la esperanza de vida de la población desde 2019, de manera que de seguir las tendencias demográficas actuales, los trabajadores que se retiren a partir de ese año tendrán una pensión inicial inferior a la prevista actualmente.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentó a sindicatos y empresarios su propuesta sobre este llamado 'factor de sostenibilidad' de las pensiones, un mecanismo de ajuste automático de las prestaciones para adaptarlas a tensiones económicas y demográficas, que el Gobierno quiere tener aprobado antes de fin de año para cumplir con las recomendaciones de Bruselas.
"(La modificación propuesta) garantiza las pensiones dignas a los pensionistas de hoy pero también a los pensionistas de mañana", argumentó la ministra tras la reunión, diciendo que buscará el consenso más amplio posible tanto con los sindicatos como con el resto de grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo.
Aunque el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, el Ejecutivo quiere evitar el riesgo de desgaste político y conflictividad social que conllevaría una aprobación en solitario de una reforma de este tipo, teniendo en cuenta además que los pensionistas españoles son un colectivo fundamental a la hora de ganar unas elecciones generales.
SUBIDA MÍNIMA DEL 0,25 POR CIENTO
La propuesta del Ejecutivo prevé garantizar una revalorización mínima de las pensiones de un 0,25 por ciento para que no puedan quedar congeladas o bajar nominalmente, pero también tendrán un tope máximo, ya que no podrán incrementarse en una cuantía superior al IPC más otro 0,25 por ciento.
Sin embargo, los sindicatos dijeron que la propuesta no garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas y reiteraron su reivindicación de tratar de superar los desequilibrios del sistema buscando ingresos adicionales.
Los representantes de UGT y CCOO señalaron también que la propuesta va más allá de lo previsto en la anterior gran reforma de las pensiones, realizada con el anterior Gobierno socialista en 2011, que preveía la entrada en vigor de un factor de sostenibilidad en 2027.
Esa reforma ya supuso el retraso de la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67 años de forma gradual entre 2013 y 2027, algo que el Gobierno del PP no ha querido modificar.
MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE EXPERTOS
La propuesta del Ejecutivo modifica parcialmente la realizada en junio por un grupo de "sabios", que ya propusieron una doble fórmula para calcular las pensiones introduciendo factores demográficos y económicos para garantizar el equilibrio del sistema.
Báñez dijo que su propuesta mejoraba la de los expertos porque ésta había resultado ser muy volátil, ya que suponía que en ejercicios de bonanza las pensiones podían llegar a incrementarse un 7 por ciento y en años de dificultad las prestaciones podrían haber bajado hasta un 4 por ciento
Aunque no detalló la fórmula que estará detrás del nuevo índice de revalorización de las pensiones, la ministra dijo que dependerá de la inflación, los ingresos y gastos del sistema y sus déficit y superávit en medias de once años.
Báñez justificó este cambio en la legislación para acabar con la relación directa entre el IPC y el incremento de las pensiones señalando que en los últimos 10 años, el 27 por ciento de los gastos del sistema se habían debido a esta vinculación.
La crisis económica ha adelantado los desequilibrios en las cuentas de la Seguridad Social por la caída del número de cotizantes por el elevado nivel de paro y se calcula que la entrada en la jubilación de la generación del 'baby boom' eleve el número de pensiones en España de los 9 millones actuales a los 15 millones en 2050.
Báñez recordó que la Seguridad Social tuvo un déficit de 10.000 millones de euros el año pasado, y para este año se prevé un desequilibrio entre ingresos y gastos de 14.000 millones de euros.
MADRID (Reuters/BR
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