EL GOBIERNO REFUERZA LA LEY PARA ATAJAR QUEJAS DEL COMERCIO A DISTANCIA

MADRID (Reuters) - El Gobierno español aprobó el viernes una reforma de la ley de consumidores y usuarios que pretende adaptar la legislación a las normas europeas y proteger al consumidor en el comercio online y telefónico, para atajar las quejas de este pujante mercado.La nueva norma contempla que el usuario conozca siempre el precio final de un bien o servicio cuando lo contrate a distancia, por ejemplo con la reserva de vuelos a través de Internet.
"(El vendedor) tendrá que informar del precio final antes de que concluya la transacción", dijo la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El comercio electrónico facturó 2.822 millones de euros en los primeros tres meses del año, un 15 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y cada vez abarca más sectores de compras antes en establecimientos tradicionales, como la contratación de viajes o servicios de telecomunicaciones.
"Gran parte de los servicios más importantes, como la energía o las telecomunicaciones, son contratados a distancia", dijo la ministra.
CONTRATO POR ESCRITO
El nuevo proyecto obligará al vendedor a que el usuario reciba por escrito o en un soporte duradero el contrato realizado a distancia, y amplía a 14 días desde los siete actuales el plazo para poder renunciar o desistir de él.
La obligación de que el consumidor reciba un contrato escrito pondría fin a las contrataciones cerradas de forma inmediata por teléfono, muy habituales en las compañías de telefonía o en las aseguradoras y que han suscitado buena parte de las quejas de los consumidores en los últimos años.
Por otro lado, la reforma también acabaría con las tarifas abusivas en los servicios de contratación telefónica, imponiendo a las empresas que quieran habilitar una línea telefónica que se ciñan a la tarifa básica y no a tarifas especiales, como podían hacer hasta ahora.
"El teléfono de contacto no podrá superar el coste básico", dijo Mato.

La reforma legislativa, que busca adaptarse a la normativa europea para la protección de los derechos de los consumidores aprobada hace más de dos años, fue adelantada en parte en abril.

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