ERE/JUNTA ANDALUCIA: LA JUEZ DE LOS ERE CITA OTRA VEZ A LA EXMINISTRA ÁLVAREZ

MADRID (Reuters) - La juez que instruye el caso de los ERE ha vuelto a citar como imputada a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, después de que la Audiencia de Sevilla ordenara a la magistrada concretar los hechos que atribuye a la que fuera máxima responsable de Hacienda y Economía en Andalucía, informaron varios medios.

Álvarez, que fue ministra entre 2004 y 2009 y hoy es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), estuvo al frente de la consejería andaluza de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, fechas en las que comenzó a darse presuntamente el fraude con las subvenciones públicas a los ERE en el seno de la Junta de Andalucía.

La juez Mercedes Alaya, que citó a Álvarez el pasado octubre dentro de una de las investigaciones más amplias por corrupción registradas en España en los últimos años, ha vuelto a llamarla a declarar el 7 de noviembre al insistir en que pudo cometer malversación y prevaricación, informan varios medios.

El Tribunal de Justicia de Andalucía no informa sobre este caso, que está bajo secreto de sumario, y las partes no tenían constancia por el momento de la citación de Magdalena Álvarez.

La imputación por malversación de fondos y prevaricación de la exministra, que pasó del Gobierno regional andaluz al nacional a raíz de la victoria socialista en marzo de 2004, se basa en la legalidad del procedimiento con el que la Junta de Andalucía - gobernada por el PSOE desde hace más de 30 años - pagó durante años los ERE aparentemente sorteando los controles internos.

La Fiscalía Anticorrupción respaldó en un escrito la comparecencia de Álvarez como imputada para aclarar si estaba al tanto del uso indebido de un fondo que estuvo dotado con más de 700 millones de euros durante una década, según fuentes de la investigación.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Sevilla anuló parcialmente la imputación de la política andaluza al afirmar que la acusación no estaba suficientemente argumentada y que la juez debía plantearse pasar la investigación a un juez de un tribunal superior.

El fraude investigado se refiere a las subvenciones a las prejubilaciones en cerca de 70 empresas y la cantidad desviada de unos fondos creados para agilizar los ERE ascendería a 136 millones de euros, según estimaciones de la investigación citadas por medios.

El escándalo fue uno de los factores que llevó a José Antonio Griñán a dejar la presidencia de Andalucía este año.