MADRID (Reuters) - El juez de Palma de Mallorca que instruye el caso de corrupción en el que está implicado el yerno del Rey de España, Iñaki Urdangarin, embargó el lunes el lujoso palacete de Pedralbes, residencia oficial de los duques de Palma, según el auto judicial.
Ambos están acusado de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública en un caso sobre la presunta apropiación indebida de hasta 5,8 millones de euros de fondos públicos a través del instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidió el duque de Palma entre 2004 y 2006.
La fianza solidaria a Urdangarin y Torres, enemistados desde su imputación por corrupción, pretende garantizar que, en el caso de que haya una condena, la Justicia cuente con capital o bienes para que se repare el daño causado a las arcas públicas.
El juez considera que el duque de Palma se valió de su condición de yerno del Rey de España para obtener un trato de favor de las autoridades valencianas y baleares y hacerse con contratos de adjudicación de la organización de acontecimientos, principalmente deportivos.
La lujosa casa de Urdangarin y la infanta Cristina está en venta por 10 millones de euros y ha sido la residencia de la familia hasta que la segunda hija del rey Juan Carlos decidió irse a vivir a Suiza con sus hijos este verano por motivos laborales.
El juez imputó en abril a la infanta por apreciar connivencia en el presunto enriquecimiento ilícito de su esposo, pero la Audiencia Provincial de Mallorca suspendió una imputación histórica, al ser la primera de un miembro de la familia real, por considerar que no existían suficientes indicios incriminatorios.
Sin embargo, el tribunal dejó abierta la puerta a investigar a Cristina de Borbón por un presunto delito fiscal.
El caso Nóos ha supuesto un serio revés para los esfuerzos de la Casa Real por recuperar la confianza de los ciudadanos en uno de los peores momentos de popularidad para la institución monárquica.
CAMPS Y BARBERÁ, CITADOS COMO TESTIGOS
Además, el instructor del caso Nóos ha citado a declarar como testigos el 16 de noviembre al expresidente valenciano Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para responder por los contratos que firmaron con Urdangarin y Torres.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechazó en septiembre pasado imputar a los dos políticos del Partido Popular al no apreciar indicios suficientes de delito en el marco de la adjudicación de la celebración de actos en la capital levantina a la empresa del yerno del Rey.
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