La acción, que se desarrollará ante el Palau de la Generalitat, protesta contra una medida que "dejará una atención para la élite"
VALENCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Una docena de entidades sociales en defensa de la ley de la dependencia, sindicales y del sector de la discapacidad y la salud mental han llamado a la sociedad a que se sume a la concentración que han convocado para este viernes ante el Palau de la Generalitat bajo el lema 'En bienestar social, por derecho, ni copagos ni recortes' para protestar contra el copago de los servicios residenciales para discapacitados, que "convierte este derecho en un castigo" y obligará a algunas familias a pagar hasta 600 euros al mes por llevar a uno de sus miembros a un centro de día.
También ha criticado las declaraciones de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, en las que afirmaba que no se trata de un copago sino de una "participación del usuario en los servicios públicos que recibe" y ha incidido en que se trata de un "repago" puesto que usuarios y familias ya pagan a través de sus impuestos este servicio. Además, Bonafé ha cuestionado qué tipo de servicio público es aquel en que los usuarios "deben repagar hasta el 90 por ciento del coste".
Por ello, los convocantes piden a los ciudadanos que se sumen a la concentración ante el Palau de la Generalitat para "gritar no a las políticas contra las personas que está ejecutando el Gobierno valenciano" y exigir a la Generalitat la derogación de "cualquier tipo de copago", así como la creación de una Mesa de la Discapacidad y la Dependencia con todas las entidades representativas del sector para negociar un nuevo sistema de atención y financiación estable que no se base "en la beneficencia de unas subvenciones graciables ni en la sangría económica de las personas más necesitadas y débiles de la sociedad".
"No olvidemos que en nuestro ciclo vital algún día todos seremos usuarios de los servicios de dependencia, por accidentes o envejecimiento, todos terminaremos en situación de dependencia y sufriremos estas políticas antisociales que están atentando contra toda la sociedad; y toda la sociedad debería estar mañana frente el Palau de la Generalitat", ha aseverado.
Apoyan esta convocatoria algunas asociaciones como la Coordinadora D&D, DeM, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, CCOO-PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana, CGT, FSIE, Copava, Cermi-CV, Fead, Asiem y la Plataforma en Defensa de los servicios públicos de salud mental de Valencia.
"LOS CENTROS SE VAN A VACIAR"
Bonafé ha explicado que esta acción de protesta se produce tras los "ataques" sufridos por el sector de la discapacidad en el último año por parte del Consell, que tras afectar a los centros de atención ahora también incluyen a los usuarios, que tendrán que pagar hasta 600 euros añ mes y hará que algunas residencias "se vacíen" ante la imposibilidad de las familias de hacer frente a estos gastos.
"La Generalitat se escuda en decir que muchas personas no van a pagar nada o solo 300 euros, pero cualquier cantidad es indecente", ha proseguido el portavoz, para quien el objetivo es "dejar una atención para la élite".
De hecho, según el presidente de Feaps-CV, Mario Puerto, la Conselleria les ha trasladado que de los 7.127 discapacitados que hacen uso de las residencias y centros de día no pagarán nada este año 2.130, teniendo el resto que abonar distintas cantidades en función de la renta, aunque con criterios "que no están claros en un cuadro con las cuantías".
Así, las organizaciones advierten de que no sería de extrañar que algunas familias trasladaran a los usuarios a los hospitales para dejarlos allí y con la previsible caída de usuarios se producirá también una pérdida de puestos de trabajo.
"NOS NEGAMOS A SER RECAUDADORES"
Desde las distintas plataformas han censurado también que se les convierta en "recaudadores" de este copago, tal y como les ha indicado Bienestar Social, de modo que se insta a los centros a cobrar para "obtener liquidez", ha indicado Puerto. "No somos recaudadores", ha incidido. Aunque el primer pago con este nuevo sistema se realizará la última semana de enero o la primera de febrero, algunos centros han anunciado que no lo exigirán a sus usuarios.
Tras la última reunión mantenida entre representantes del sector y Bienestar Social este mismo martes, Mario Puerto ha señalado que continúa el "enfrentamiento de principios" y Conselleria se niega a retirar o retrasar la aplicación del decreto.
Para las plataformas, el objetivo de esta medida es "condenar a esta red asistencial a la desaparición" y conceder "a un par de entidades potentes que lo gestionen total y absolutamente todo", como ha ocurrido en otros ámbitos como la tercera edad o salud mental, han lamentado.
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