MADRID (Reuters) - La Fiscalía Anticorrupción pidió el jueves más de 27 años de cárcel para los considerados máximos responsables del saqueo del Palau de la Música, una institución cultural catalana que usaron presuntamente para desviar fondos en su propio beneficio y en el del partido nacionalista Convergència Democràtica de Catalunya.
En un escrito de más de 140 páginas en el que presenta cargos contra 17 personas, el fiscal acusa al presidente del patronato del Palau, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y delito contra la Hacienda pública, los mismos de los que está acusada su hija y directora financiera de la entidad, Gemma Montull, para la que piden más de 26 años.
El fiscal considera que, además de para su enriquecimiento personal, Millet y Montull crearon una trama de sociedades ilícitas gestadas en torno al Palau para pagar a personas "con ascendencia política", en concreto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), formación tradicionalmente en el poder autonómico catalán, con el objetivo de influir en los organismos que adjudicaron obras públicas de envergadura entre 1999 y 2009.
"Se trata de una estructura en cuya propia construcción tuvieron un papel decisivo los propios acusados F. Millet y su edecán J. Montull, quienes sin oposición consiguieron disponerla en la forma más favorable a sus depredadores propósitos", señala el fiscal en el escrito.
En concreto, el fiscal cree probado que, a través de los dos principales imputados, la constructora Ferrovial pagó comisiones que ascendieron a 6,6 millones de euros al partido que encabeza el presidente catalán, Artur Mas, a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia o una línea de metro en Barcelona.
"Ferrovial-Agromán efectuó cuantiosos pagos a la formación política Convergència Democràtica de Catalunya como forma de garantizarse un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública por parte de los organismos competentes de la Generalitat de Catalunya u organismos públicos locales regidos por responsables de dicho partido político", señala el escrito.
La Fiscalía pide por ello 7,5 años de cárcel y una multa de 20 millones de euros para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desvío de fondos del Palau a la formación nacionalista.
El caso Palau consternó a la sociedad catalana cuando se iniciaron las pesquisas en 2009 y es uno de los varios escándalos de corrupción de los últimos años en España, donde la confianza de los españoles en las instituciones y en la clase política han mermado considerablemente.
La corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
CONVERGENCIA SE DEFIENDE
CDC, partido en el que el juez vio indicios de financiación irregular en un auto del verano pasado en el que concluía la instrucción del caso, se defendió asegurando que no se había lucrado con el Palau ni con las instituciones que de él dependían.
"CDC utilizará todos los mecanismos que tenía a su alcance para defender su absoluta inocencia, con el convencimiento de que no ha cometido ninguna irregularidad", según una nota de prensa en la que defendió la "irreprochable actuación" de Osàcar como responsable de las finanzas del partido.
El Ministerio Público solicita también una pena de un año de cárcel para el parlamentario de CDC Jaume Camps por tráfico de influencias y pide además que se comisen los 6,6 millones que recibió presuntamente el partido nacionalista de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública.
Dos directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, cerraron los acuerdos, según el fiscal, y para ellos exige cuatro años y medio de cárcel por tráfico de influencias y una multa de 10 millones de euros.
EP
No hay comentarios:
Publicar un comentario