MADRID (Reuters) - La comunidad educativa española en su conjunto se paralizó masivamente el jueves en protesta contra la nueva ley de educación, que incluye una subida de tasas, y los recortes en el sector como la reducción del número de becas, entre otras medidas que sus convocantes afirman que pretenden destrozar la educación pública.
Por segunda vez en la historia de la democracia en España, profesores, alumnos y padres de todos los niveles educativos, desde primaria hasta universidades y formación profesional, y de centros públicos y concertados, fueron a la huelga, convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.
Más de un 90 por ciento de alumnos y un 83 por ciento de los trabajadores de la enseñanza se han sumado al paro según los sindicatos convocantes - sindicato de estudiantes y CCOO, FETE-UGT y STEs.i -, unos datos superiores a los registrados hace cinco meses.
El Ministerio de Educación cifró en un 20,76% el seguimiento entre el profesorado, según datos facilitados por las comunidades autónomas.
"Queremos evitar que este ministro (de Educación, José Ignacio Wert) nos devuelva a las cavernas educativas, a la época de los años 50 cuando solamente la gente que tenía recursos, los ricos, podía tener acceso a la educación", dijo a Reuters Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, en Madrid el miércoles, en el segundo día de las tres jornadas de protesta a favor de la educación pública.
La movilización se produce 14 días después de que el Congreso de los Diputados aprobara sólo con los votos a favor del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, la polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que sigue generando un fuerte rechazo de la oposición parlamentaria y la comunidad educativa. [ID:nL6N0I01DQ]
Sin embargo, la secretaria de Estado de Educación, Formación profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, afirmó que la protesta no tiene que ver con la reforma de la ley, sino que sus motivos son puramente laborales.
"(La huelga) está basada en reclamaciones laborales que tienen que ver con el salario de los profesores, con una petición de disminución de las horas de clase y con una disminución del número de alumnos por profesor, esto no tiene nada que ver con la reforma educativa", dijo a RNE Gomendio.
VUELTA A LA EDAD MEDIA
La nueva ley, que ahora continúa su tramitación en el Senado, aumenta las tasas universitarias, reduce la capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas - que tienen transferidas las competencias educativas -, suprime la selectividad e introduce exámenes de reválida al final de cada ciclo.
El Gobierno dice que la reforma pretende luchar contra un abandono escolar situado en el 25 por ciento - el doble que en el resto de países de la Unión Europea - que dificulta la inserción laboral de los jóvenes españoles, más de la mitad de los cuales está en paro.
Con el país sumido en una profunda crisis económica, la educación ha sido una de las áreas sensibles para la ciudadanía a las que el Gobierno ha recurrido para llevar a cabo recortes para cumplir el objetivo de déficit pactado con la Unión Europea.
El ministro Wert indicó en una entrevista con Reuters este año que el gasto educativo había bajado un 5-7% o unos 3.000 millones de euros en los dos últimos años.
"Protestamos porque la educación es un derecho fundamental" dijo a Reuters Marina Beltrán, una estudiante de 19 años de Administración y Dirección de Empresas y Turismo, que vestida con una camiseta verde de defensa de la educación pública, preparaba unas pancartas con otros compañeros el miércoles en Madrid.
"Hay otras formas de ahorrar, porque la educación es lo más importante que hay. Quieren que dejemos de estudiar y al final habrá una separación total entre la gente que tiene medios y los que no. Quieren que volvamos a la edad media y estamos perdiendo todo lo que han conseguido nuestros padres. Les conviene que seamos ignorantes para podernos manipular", agregó.
La huelga general del jueves es uno de los puntos álgidos del calendario de movilizaciones educativas este otoño, que incluirá marchas hacia el Palacio de La Moncloa del 2 al 9 de noviembre y un congreso sobre escuela pública a mediados del próximo mes.
La Plataforma por la Educación Pública, que agrupa a sindicatos de profesores, agrupaciones de padres y asociaciones de estudiantes, ha recogido más de un millón de firmas para pedir al Gobierno que retire la LOMCE, modifique el decreto de becas y cambie a los interlocutores educativos.
La huelga ha sido especialmente efectiva en la Universidad donde un 91 por ciento del profesorado y más de un 90 por ciento del alumnado han secundado la protesta, según los sindicatos convocantes.
En educación concertada el 35 por ciento del profesorado se ha sumado a la huelga, según CCOO, FETE-UGT y STEs.i.
El sindicato independiente de enseñanza, que se ha sumado a la convocatoria por primera vez y que agrupa sólo a profesores de la educación pública, destacó el seguimiento en la educación primaria, donde tradicionalmente suele haber menos respaldo, con un 67 por ciento de paro.
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