El magistrado José Ceres, instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha imputado al exconsejero de Sanidad Manuel Cervera por la contratación relativa al vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008, adjudicado a Orange Market S.L. y otras dos empresas vinculadas con esta mercantil.
Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, dentro de la pieza cinco --en total hay seis-- del 'caso Gürtel', relativa a presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre diferentes departamentos de la Administración valenciana con Orange Market S.L. u otras empresas del grupo.
Manuel Cervera, quien está citado para el próximo 19 de noviembre a las 11.00 horas, también fue diputado 'popular' y portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados, hasta que el pasado 30 de agosto anunció que renunciaba a su escaño en la Cámara Baja y que abandonaba la política "por motivos de tipo personal y profesional".
El juez le ha citado a declarar ahora en relación con el contrato para la elaboración de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico en 2008, proyecto que, según la investigación, presuntamente se dividió en cuatro contrataciones de distintas Direcciones Generales dependientes de la Consejería de Sanidad --tres sobre la misma cinta proyectada-- en favor de Orange Market S.L. --dos de ellas-- y de otras dos sociedades supuestamente vinculadas a esta mercantil --Easy Concept y Diseño Asimétrico--.
El instructor cree que los hechos podrían suponer un fraccionamiento de la contratación de diversos contratos menores de cuantía inferior a 12.000 euros con la presunta intencionalidad de eludir el debido procedimiento administrativo de concurso eliminando la libre concurrencia en favor de mercantiles de la trama.
Esto podría constituir un delito continuado de prevaricación y, en su caso, de tráfico de influencias. Además, no resulta descartable la posible existencia de un delito de falsedad en documento público u oficial, según el magistrado instructor.
En la providencia, el magistrado especifica que se accede a la petición del fiscal para que declare Cervera como imputado porque era el "máximo responsable" de la Consejería de Sanidad en ese momento y dado que se trata de contrataciones realizadas por diversas Direcciones Generales para un mismo acto "que tienen como superior común" al consejero.
Asimismo, añade que las personas responsables de las Direcciones Generales que han declarado niegan "reiteradamente que en realidad hayan realizado" esas contrataciones; que la mayor parte de ellas "refieren" al gabinete del consejero "o en ocasiones a este mismo como del departamento del que partió, se decidió y en todo caso les indicó que debían encargarse de los pagos originados pese a no haber realizado la contratación, y ello con posterioridad al evento" que se realizó el 19 de febrero de 2008.
"INHABITUAL" SISTEMA DE PAGO
Además, agrega que los responsables de las Direcciones Generales mencionaron que desde el Gabinete se les indicó el sistema de pago "siendo inhabitual el realizarlo máxime con dichas altas cuantías, por el sistema de 'caja fija', dirigido a los gastos corrientes y de funcionamiento ordinarios".
El instructor destaca que dos personas del Gabinete declararon que fue el entonces consejero "la persona que, en su despacho profesional y aproximadamente unos siete o diez previos a la inauguración del acto", les presentó a Álvaro Pérez --responsable de Orange Market-- como la persona que se iba a encargar de organizar el acto y que, a instancias de Cervera, "colaboraron en los distintos aspectos que exigía su función para que se realizara el vídeo de forma satisfactoria bajo las indicaciones del consejero". Además, resalta que el jefe de Gabinete negó haber decidido las contrataciones y la forma de pago.
El magistrado advierte de que el exconsejero podrá ser objeto en su comparecencia de preguntas sobre su conocimiento sobre las restantes contrataciones investigadas de la Consejería de Sanidad, como los Premio Salud y Sociedad 2006 a 2008.
OTROS ALTOS CARGOS
En la providencia, sin embargo, el juez rechaza la declaración como imputados de los entonces responsables de la dirección General de farmacia, José Enrique Clérigues; de Calidad y Atención al Paciente, Pilar Ripo; de Asistencia Sanitaria, Luisa Carrera y de la Agencia Valenciana de Salud, Luis Rosado --exconsejero-- y se reserva para "un momento posterior" el pronunciamiento sobre la solicitud del fiscal sobre estas personas, que ya han declarado como testigos.
El magistrado también realiza dos nuevos requerimientos --con plazo de cinco días en ambos casos-- a las Consejería de Bienestar Social e Industria para que aporten la relación íntegra de quienes componían los respectivos Gabinetes y pide que le remitan la constancia de existencia de reuniones mantenidas en esos departamentos con responsables y personas vinculadas a Orange Market.
En el caso de Bienestar Social, el requerimiento afecta a los años 2006 y 2007 --cuando la dirigía Alicia de Miguel, imputada en la causa-- y pide la relación de las personas que componían el gabinete incluyendo asesores, secretarias y personal eventual de los distintos departamentos, con mención del cargo, naturaleza de la relación de servicio, nombramiento y cese. Asimismo, reclama, con acompañamiento documental, de la constancia de las reuniones.
En cuanto a Industria, la petición, en idénticos términos, hace referencia a 2008. La reclamación de las reuniones afecta a las mantenidas en ese tiempo en ese departamento, el SEPIVA u Orange Market en relación a la presentación empresariales de la Comunidad Valenciana y, en especial, sobre la elaboración de un vídeo para el acto.
Asimismo, el magistrado ha acordado nuevas declaraciones testificales en relación con la contratación sobre la Guía de Comunicación y regalo de Navidad 2004 y sobre el Proyecto Cultural Castellón pero en relación al Congreso de Software Libre 2005.
EP
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